El PP de Catalunya ha apostado por un discurso de campaña políticamente incorrecto y de difícil control, arriesgado: endurecer el cómo y el cuánto de la forma de estar de los inmigrantes en Catalunya y en España. Para ello propone un contrato de integración que no es en absoluto novedoso y que, entre otras previsiones, contempla la repatriación si el inmigrante se queda un determinado tiempo en el desempleo. Este tipo de contratos de adhesión están normalizados en países de nuestro entorno y la propia ley de Extranjería prevé que si los inmigrantes no cotizan al menos seis meses durante un año deben abandonar el país.

La realidad es que la norma no se cumple y los inmigrantes en esa situación mutan a la condición de irregulares “sobrevenidos”. Los populares catalanes proponen, en definitiva, que esa ley se aplique y se produzcan las modificaciones de otras normas –por ejemplo, la del padrón municipal– para tener bajo control la inmigración que en Catalunya plantea problemáticas un tanto específicas.

Está claro que el PP catalán ha optado por un yacimiento electoral al que se tienen que aproximar necesariamente otros partidos. Por ejemplo, CiU y el mismo PSC. Todos, sin embargo, tienen la obligación cívica –que es también de ética social– de manejar este asunto con mucho rigor y equilibrio, sin ofrecer plataformas a los xenófobos, ni incurrir en indeseables populismos.

Dicho lo cual, la inmigración será un discurso tan vertebral de la campaña catalana como la crisis económica o la financiación de la Generalitat. Y es lógico que lo sea porque la convivencia con los inmigrantes, los sistemas de integración de estos y la protección de sus derechos y de nuestra forma de vida son asuntos con muchas derivadas y que ocupan y preocupan a los ciudadanos.

La cuestión es antipática, pero bien abordada incide en un problema real más allá de convencionalismos que invitan a obviarla.