El Partido Popular cree haber encontrado en la inmigración un yacimiento de votos para las elecciones que se avecinan, y está dispuesto a explotarlo sin reparar en las terribles consecuencias que tal estrategia puede tener para la convivencia ciudadana y para la dignidad de los afectados. La cabeza de lista del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, profundizó ayer en el discurso xenófobo de que viene haciendo gala su partido y propuso que los inmigrantes que se queden sin empleo se marchen de España. La candidata ha desempolvado además el “contrato de integración” que incluyó Rajoy en su programa de 2008, un documento insultante a la inteligencia y la sensibilidad que, entre otras cosas, exige a los inmigrantes el compromiso de respetar los “valores y costumbres” locales. ¿Qué valores? ¿Qué costumbres? ¿Los que determinen estos políticos reaccionarios que desprecian a sus semejantes y luego se abrazan piadosos al apóstol Santiago? ¿Las de quienes abominan de los homosexuales y se rebelan iracundos contra el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo?

Resulta preocupante tener que recordar a estas alturas que, en democracia, el único compromiso exigible a los inmigrantes es el que obliga al resto de los ciudadanos: la sujeción al cuerpo legal de deberes y derechos. La Ley de Extranjería define con claridad los requisitos para la renovación del permiso de residencia, asunto que al parecer preocupa al PP. En su ceguera electoralista, los conservadores olvidan cosas esenciales, como que los inmigrantes a los que hoy demoniza serán fundamentales para sostener el sistema de pensiones.