El proyecto estrella del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se ha convertido también en uno de los más importantes de todo el Gobierno, al menos en lo que se refiere a partidas presupuestarias. Los 785,6 millones de euros que recibirá en 2011 Lanbide, el Servicio vasco de Empleo, suponen una de las partidas más voluminosas de todo el proyecto de presupuestos y lleva a Empleo al tercer puesto de las consejerías por presupuesto (tras Sanidad y Educación). En conjunto, el departamento de Gemma Zabaleta dispondrá de 997,9 millones, un 59,9% más que en el actual ejercicio. Por tanto, Lanbide gestionará el 78,7% de todo el dinero de la consejería.

El nuevo Lanbide, fruto de la transferencia de las políticas activas de empleo que ayer mismo aprobó el Consejo de Ministros, realizará el despliegue de sus oficinas en los próximos dos años, con 13 millones destinados a su acondicionamiento.

El servicio no abrirá sus puertas el próximo 1 de enero con el modelo final que el departamento ha proyectado, ya que estará a la espera de que pasen a tramitarse desde allí las dos ayudas sociales que se consideran un derecho exigible por ley: la Renta de Garantía de Ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Ambas han registrado descensos en el presupuesto, un 0,5% en el caso de la antigua renta básica, para la que se destinan 280 millones de euros, y un 2,57% menos el complemento de vivienda, con 42 millones. Ambas cuantías podrán ser aumentadas si se agotan.

Zabaleta apuntó que, por primera vez, la renta de garantía registró en octubre pasado un ligero descenso en su número de perceptores, fruto, según portavoces de la consejería, de que el 40% de las personas que entran en el plan de 7.000 empleos de los consistorios reciben la ayuda.

El único subsidio que los Ayuntamientos seguirán tramitando son las Ayudas de Emergencia Social, que, como en 2010, supondrán 17,3 millones.

Pese a la congelación, esta cantidad abrió hace meses las protestas de los consistorios porque el dinero aportado por el Gobierno vasco no resultaba suficiente. En septiembre, el departamento anunció su ampliación, pero en 2011 se vuelve a la cifra inicial. De momento se trabaja en una orden de estas ayudas para el año entrante que incluirá las prioridades a la hora de concederlas y homogeneizará el sistema entre consistorios.

Pese a que los servicios sociales de los Ayuntamientos se descongestionarán, se mantiene la aportación para personal de refuerzo, con 8,19 millones.

Lanbide acogerá en 2011 un programa piloto de atención para los jóvenes inmigrantes que, por su mayoría de edad, tienen que abandonar los centros de las Diputaciones, pero no pueden cobrar la renta de garantía hasta los 23 años.

El presupuesto incluye partidas destinadas a cooperación al desarrollo (51 millones) y drogodependencias (6,2 millones), aunque estas áreas cambiarán de ubicación en 2011. La primera, ya como Agencia de Cooperación al Desarrollo, que dirigirá Marta Ares, dependerá de Lehendakaritza, y la segunda se integrará en Sanidad.

La Viceconsejería de Asuntos Sociales, que reduce sus partidas un 3%, asumirá el año entrante la teleasistencia, que hasta ahora han gestionado las Diputaciones. Así, se impulsará la creación de un único sistema frente a los tres actuales de este servicio, que confluirá en el marco sociosanitario. El departamento también ha asumido los puntos de encuentro familiar, para familias divorciadas, y la mediación familiar.

Es otRo de los pasos hacia un sistema de servicios sociales único en Euskadi ante la dispersión actual. Su órgano de control, la alta inspección de servicios sociales, contará con 606.363 euros en su primer año de vida. A lo largo de 2011 también se irá desarrollando la cartera de servicios que exige la Ley de Servicios Sociales de 2008. También se avanzará en evitar márgenes ciegos entre Sanidad y Asuntos Sociales, con el desarrollo de los servicios sociosanitarios, que contarán con un centro de investigación junto con la Fundación Matia e Ingema, dotado con cinco millones.

La Dirección de Trabajo reducirá su presupuesto un 1,9%, con disminuciones del 4,2% en Osalan – hasta 19,7 millones – y recortes del 4,5% en Economía Social.