El caso de la niña rumana de Cádiz que se ha convertido en madre con 10 años da lugar a una doble inquietud social: por un lado, sobre el futuro de la pequeña y su bebé después de un trance íntimo tan excepcional; y, por otro, por los riesgos que conllevan los embarazos de especial precocidad que se registran cada año en nuestra sociedad. Son dos problemas enlazados, pero de distinto cariz. El centenar de partos de menores de 15 años contabilizados anualmente no permite hablar de una realidad que se haya desmandado, aunque los poderes públicos deberían esforzarse en sus campañas sobre sexualidad responsable, en especial entre colectivos con más difícil integración social. Lo ocurrido con la niña de Cádiz tiene como trasfondo una situación personal y familiar que exige de las instituciones una intervención inmediata para asegurar el bienestar y la estabilidad a la madre y a su hijo. Un celo que no puede relativizarse ni en nombre de supuestas diferencias con otras culturas, ni en atención a la singularidad de la etnia gitana a la que pertenece la familia. Las instituciones deberán actuar protegiendo ante todo los derechos del bebé y de su madre si las investigaciones verifican que la niña no está escolarizada y que no recibió atención médica antes del parto y no se acredita, al tiempo, que la relación fuera realmente con otro menor como afirman sus padres.