MADRID – Redacción y agencias
La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto un expediente para investigar en qué situación está la niña rumana de 10 años que fue madre el martes de la semana pasada en el hospital de Jerez. En concreto, evaluarán si estaba escolarizada y si recibió la conveniente atención médica a lo largo del embarazo. En caso negativo, los padres de la pequeña podrían ser denunciados por desamparo.

Precisamente, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez, advirtió ayer que desde las instituciones públicas estarían “vigilantes” respecto a la atención de la recién nacida y la madre, quienes siguen bajo la tutela de los progenitores y, después de recibir el alta hospitalaria, residen con el resto de su familia extensa en el municipio de Lebrija (Sevilla). Soledad Pérez insistió en que la Junta de Andalucía ofrecerá su apoyo a “toda la familia”.

La acción de la fiscalía se enmarca, según explicaron fuentes de la consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el protocolo que ponen en marcha cuando tienen noticia de situaciones de posible desamparo de menores. De la misma manera, la consejería se ha puesto en contacto con los servicios sociales y el sistema de protección al menor.

No está del todo claro cuánto tiempo lleva la niña en España (algunas fuentes hablan de unos pocos días y otras de varios meses). Además, la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, se quejó ayer de que la familia de la niña no está facilitando el contacto con la administración, en concreto con los servicios sociales del ayuntamiento. La alcaldesa declaró a Efe que habían intentado entrar en la casa para poder hablar con la familia y comprobar el estado de la madre y del bebé. Ante dicha situación, el ayuntamiento no descarta pedir judicialmente el acceso al domicilio.

También han solicitado una inspección sanitaria de la vivienda para comprobar si reúne las condiciones higiénicas y de salubridad adecuadas. La alcaldesa informó también que la menor no ha estado nunca empadronada en el pueblo – sólo tienen constancia de que una tía de la niña reside en Lebrija desde enero del 2007-ni ha usado los servicios sociales o sanitarios.

Por su parte, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, aseguró ayer en el Senado durante la presentación del informe anual que desde la institución que preside se “sigue” de cerca este caso, que calificó de “sobrecogedor”. La Defensora del Pueblo afirmó que, aunque no ha llegado “ninguna” queja o escrito a este organismo en relación a menores de edad que son madres, si está “pendiente” de la evaluación que se está realizando a la familia, para que la madre y el bebé se queden bajo su amparo. Cava de Llano declaró que estos casos de maternidad a edades tan tempranas ponen de manifiesto “un problema de educación preventiva”.