La Fiscalía de Sevilla y el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor han abierto sendas investigaciones respecto a la niña rumana de diez años que dio a luz el pasado 26 de octubre en un hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya familia ha eludido hasta el momento el contacto con los servicios sociales
La Fiscalía de Sevilla ha abierto un expediente de protección de menores que se dirige a averiguar si la niña ha estado escolarizada durante los últimos meses en los que ha vivido en Lebrija (Sevilla) y si recibió la asistencia médica correcta en las últimas semanas de su embarazo. Los posibles responsables de tales omisiones serían los padres de la menor, según explicaron fuentes de la Fiscalía.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, José Chamizo, estudiará de oficio el caso de la niña, y abogó ayer por emprender una campaña para explicar a los colectivos en los que se producen estos casos el riesgo de la maternidad a edades tan tempranas.
Chamizo destacó que hará un seguimiento «pormenorizado» de las necesidades de la niña y su recién nacido, quienes, en su opinión, deben permanecer con su familia si la Consejería de Igualdad y Bienestar Social no encuentra anomalías en el entorno familiar. Chamizo resaltó la importancia de que la niña rumana reciba apoyo psicológico, tras las «dificultades» que supone asumir una maternidad a los 10 años, e indicó que los servicios sociales deben seguir y evaluar el caso, sin que la menor sea separada de su bebé.
Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, afirmó que la Junta de Andalucía ofrecerá su apoyo a «toda la familia» de la niña, porque ahora es el momento de proteger a los tres menores: padre, madre y bebé.
Por vía judicial
Por su parte, la familia de la niña ha eludido hasta el momento el contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Lebrija, localidad sevillana donde reside la menor con su madre y otros parientes.
La alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, aseguró que representantes de los servicios sociales de la localidad intentaron ayer entrar en la casa para ponerse en contacto con la familia y comprobar el estado de la madre, de su hijo y del presunto padre, al parecer otro menor.
Sin embargo, no pudieron entrar en la vivienda, por lo que el Ayuntamiento no descarta pedirlo judicialmente si la familia no accede voluntariamente.