El caso de la niña rumana de Cádiz que se ha convertido en madre con apenas 10 años ha dado lugar a una doble inquietud social: por un lado, sobre el futuro de la pequeña y su bebé después de un trance íntimo tan excepcional; y, por otro, sobre los riesgos que conllevan los embarazos de especial precocidad que se registran cada año en nuestra sociedad. Se trata de dos problemas enlazados, pero de distinto cariz. El centenar de partos de menores de 15 años que se contabilizan anualmente no permite hablar de una realidad que se haya desmandado, aunque los poderes públicos deberían esforzarse en ser aún más incisivos en sus campañas sobre sexualidad responsable, especialmente entre aquellos colectivos con más difícil integración social. Lo ocurrido con la niña de Cádiz tiene como trasfondo una situación personal y familiar que exige de las instituciones una intervención inmediata para asegurar un mínimo bienestar y estabilidad a la madre y a su hijo, ambos menores. Un celo que no puede relativizarse ni en nombre de supuestas diferencias con otras culturas, ni en atención a la singularidad de la etnia gitana a la que pertenece la familia de la pequeña. Las instituciones deberán actuar protegiendo ante todo, los derechos del bebé y de su madre si las investigaciones en curso verifican que la niña no está escolarizada y que no recibió atención médica antes del parto y no se acredita, al tiempo, que la relación fuera realmente con otro menor como afirman sus padres, y no con un adulto.