La Policía Nacional ha detenido a 31 personas, diez de ellas en Alicante, como presuntas integrantes de una organización criminal que, dirigida por un ciudadano ruso y otro español, obligaba a ejercer la prostitución a más de 70 extranjeras en clubes de alterne de Alicante, Santander, Zaragoza y Albacete. Los presuntos responsables de la banda habían ideado un sistema para captar a las mujeres y dar salida a los beneficios económicos obtenidos mediante un entramado de más de treinta sociedades ideado por el socio español, según fuentes policiales.

Esta operación policial, denominada ‘Lapacan’, comenzó en enero de este año, en colaboración con agentes rusos, al conocerse la existencia de una organización dedicada a la trata de seres humanos con destino a clubes de alterne de Santander. Las primeras pesquisas permitieron averiguar que la organización estaba dirigida en la capital cántabra por un ciudadano ruso y otro español, T.P.M., que se había encargado de crear un entramado de sociedades junto a miembros de su familia para ocultar los beneficios económicos obtenidos.

Según informó ayer el Ministerio del Interior, el ciudadano español es conocido entre sus vecinos «como una persona de gran poder adquisitivo y con diversos contactos en todos los estamentos de la sociedad». La policía descubrió que la red se extendía a otras provincias, caso de Zaragoza, donde mediante testaferros controlaban cinco clubes en los que se ejercía la prostitución, así como en Alicante y Albacete, ciudad en la que se ultimaba la apertura de un nuevo local en el momento de la intervención policial.

Oferta de 5.000 euros al mes

El ‘modus operandi’ utilizado por la organización consistía en ofrecer a las mujeres 5.000 euros al mes por ejercer el alterne en clubes españoles y el doble de esta cantidad si consentían en prostituirse. Las mujeres entregaban a la banda sus pasaportes y en el club donde estaban pagaban 1.600 euros en los primeros tres meses de actividad y 200 más si permanecían en el local.

En Rusia, se les advertía de que contraían una deuda por el viaje, traslado y alojamiento, que debían pagar bajo la amenaza de que sus familias podrían tener «graves problemas». En España, según la policía, los responsables de los clubes se servían de multas a las mujeres para incrementar su deuda, así como de drogas que les permitían controlar a sus víctimas.

A la organización se le investiga por un presunto delito de blanqueo de dinero y la policía ha cerrado temporalmente todos los clubes que controlada, además de otros bienes inmuebles. En la operación, en la que han intervenido 150 agentes policiales y miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera, se han identificado a 71 mujeres (33 en Alicante y practicado 17 registros (3 en la capital alicantina).

En total se han intervenido, 92.000 euros en metálico, tres billetes falsos de 100, 200 y 500 euros, cinco armas de fuego cortas y dos simuladas, pequeñas cantidades de drogas, material informático y abundante documentación. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos, prostitución , asociación ilícita y falsedad documental, además de violar la Ley de Extranjería.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.