| La eficacia policial y judicial

Que España se ha convertido en el paraíso de las mafias internacionales que controlan el crimen organizado es un tópico que a estas alturas ya no debiera sorprender a casi nadie. Todo el litoral mediterráneo, desde la Costa Brava hasta la Costa del Sol, pasando por la mítica Costa Blanca y también las islas, ha sido desde hace décadas tierra de acogida de centenares de mafiosos sicilianos, calabreses y napolitanos, atraídos por el clima, pero también por la política oficiosa del laissez faire, laisser passer reinante durante la década de los ochenta y parte de la de los noventa. Más tarde llegaron los rusos, los rumanos, búlgaros y colombianos, que se sienten mejor que en casa.

España, con una situación geográfica estratégica en las rutas internacionales del tráfico del hachís marroquí, la cocaína colombiana y el tráfico de seres humanos, para su explotación laboral y/o sexual, acabó convertida en una babel criminal que ayer el ministro Rubalcaba tradujo en datos estadísticos nada tranquilizadores: casi 2.000 grupos desarticulados y cerca de 30.000 detenidos como integrantes de ellos en seis años. No menos preocupante es el dato de que en el 70% de los grupos había también españoles.

¿Cuántos siguen activos?, ¿cuántos se han reconstruido, después de unas cortas vacaciones en prisión? Eso, de momento, forma parte del secreto del sumario . ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado a este desafío criminal? Objetivamente hay que decir que le está plantando cara con unas altas tasas de eficacia que no se puede decir que sean fruto de la casualidad.

Policías especializados

En las zonas más calientes: Cataluña, Costa del Sol, Galicia, Levante, Cádiz, Canarias y Baleares, se han creado a partir del año 2005 grupos policiales altamente especializados, bien dotados y aceptablemente retribuidos, que en el caso de la Guardia Civil se llaman ECO, y en el de la policía, Greco.

Desde el año 2006 funciona el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) que los coordina con Hacienda y las policías autonómicas. La rentabilidad de esta inversión, incluso económica, es evidente: confiscaron bienes por valor de más de 400 millones de euros.