la condena hecha pública ayer a un año de prisión para el imán de Cunit (Baix Penedès) por «coacciones graves» a la mediadora cultural del Ayuntamiento Fátima Ghailan no parece haber hecho mella en la alcaldesa, Judith Alberich (PSC). La dirigente no quiso pronunciarse ayer sobre el fallo, pero fuentes municipales explicaron que mantiene la misma postura. Es decir, que se trata de un problema aislado y personal de dos ciudadanos. Las mismas fuentes subrayaron que la obligación de la alcaldesa es mantener las relaciones si Benbrahim sigue siendo un interlocutor de la comunidad musulmana.
El juzgado penal número 2 de Tarragona ha condenado a un año de prisión a Benbrahim y a nueve meses a Abderraman el Osri, presidente de la Asociación Casa Islámica de Cunit, por los mismos cargos. Asimismo, ha impuesto una multa de 730 euros a la hija del imán, Hafssa

Benbrahim, de 20 años. La sentencia, que se puede recurrir, incluye para

los condenados una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con Ghailan durante dos años. También fija una indemnización de 1.500 euros por los «daños morales» causados a la víctima.

Ghailan calificó de «positivo» el mismo hecho de que se haya emitido esta sentencia. «Estaba muy cansada y valoro muy positivamente que se mantenga la orden de alejamiento», explicó. «No sé si estaré tranquila algún día», dijo tras subrayar que el caso le cambió la vida.

AMENAZAS Y POCO APOYO / Los hechos se remontan al mes de noviembre del 2008. Ghailan denunció coacciones, calumnias y amenazas de los encausados. Posteriormente, también lamentó que no había tenido el apoyo de la alcaldesa. Fruto de la tensión, Ghailan se vio obligada a solicitar la baja laboral y a tratarse por depresión. «La hemos apoyado y hemos mantenido su puesto de trabajo», puntualizaron ayer fuentes del consistorio de Cunit.

La fiscala María Luisa Tambo valoró el fallo, pese a que pidió una condena de cinco años, porque da «un toque de atención» en el sentido de que «no pueden hacer lo que quieran» por ser de una comunidad.

«No descartamos presentar un recurso porque no compartimos el criterio del juez», explicó la abogada defensora, María José Canals. «Habrá que analizar a fondo el razonamiento jurídico porque se trata de un delito por el ejercicio de un derecho amparado en el ordenamiento jurídico, que es el derecho a la queja y a la petición», argumentó Canals.

La sentencia concluye que los acusados actuaron «ilícitamente con un plan premeditado de coaccionar a la mediadora» para que «abandonara su puesto de trabajo» y Cunit. También recoge las presiones que ejerció Osri sobre el marido de Ghailan, al que le dijo que su mujer no era una buena esposa y que debía abandonarla. No usar velo y conducir su propio vehículo eran algunos de los argumentos del presidente de la asociación musulmana.