Un policía nacional de 52 años acusado de tres delitos de agresión sexual a un menor inmigrante de 15 años, al que atemorizaba con deportar y violar si no accedía a sus pretensiones sexuales, ha negado este martes los hechos, que, según ha dicho, ha “inventado” el chaval “por venganza”.

Así lo ha manifestado el acusado ante el tribunal que lo juzga en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, donde ha rebatido la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, que solicita una pena de quince años de prisión por estos hechos, supuestamente ocurridos entre enero y mayo de 2008 en la capital grancanaria.

El procesado, que vivía en el mismo edificio que el menor, además de aprovecharse de la diferencia de edad, hacía ostentación de su condición de policía y amenazaba al menor con que le iba a meter porros en los bolsillos para llevarlo a comisaría si no accedía a masturbarle, según la fiscalía.

Sin embargo, el agente ha negado hoy en reiteradas ocasiones que abusara alguna vez del chico y que le obligara a ver películas pornográficas.

Ha afirmado, por el contrario, que le ayudó desde que le conoció, en febrero de 2008, a través de su hermano mayor, con el que había entablado relación previa desde que en 2004 su familia llegó a vivir al mismo edificio en el que él convivía con sus padres.

El acusado admitió poseer películas pornográficas, “como tienen la mitad de los españoles” y reiteró que nunca las vio delante del menor, sino en la vivienda que habitaba con sus dos progenitores.

Donde sí estuvo a solas siempre con el chico fue en el apartamento que posee en el paseo de la playa de Las Canteras, adonde le solía acompañar a “dar de comer a los pájaros”, dijo.

El policía ha negado haber amenazado al menor con violarle “si no le tocaba la gaita”, tal y como sostiene la fiscalía en su escrito y ha considerado que la denuncia interpuesta contra él forma parte de una “venganza” sustentada en una “invención”.

Así, explicó que la acusación se produce cuando decide “cortar el suministro” de dinero que prestaba tanto al menor como a su familia desde que comenzara a “suponer” que éste lo gastaba en “alcohol y drogas”, a lo que sumó la entrega a sus padres de una fotografía en la que el chico aparecía liando un porro.

Además de los 15 años de prisión, el fiscal solicita para el acusado que se le prohíba comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros, así como acudir a su domicilio o lugar de estudios durante un periodo de treinta años.

Su defensa, por su parte, ha pedido la libre absolución por considerar que las acusaciones que se realizan contra su patrocinado son “falsas e infundadas”.

Además, hoy ha solicitado sin éxito, porque ni la fiscalía ni el presidente de la sala han accedido a ello, la nulidad de dos diligencias probatorias: el informe pericial realizado al acusado por un médico y una psicóloga forense y el volcado de la documentación de su ordenador, al considerar que en ambas se han cometido “gravísimas irregularidades”.