¿Es un obstáculo el Estado autonómico para hacer frente a la crisis? ¿Es responsable la estructura del Estado desarrollada a partir de lo previsto en la Constitución mediante los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992 de que la crisis haya tenido en España la intensidad que ha tenido y de que tengamos las dificultades que tenemos para salir de ella? ¿Se resiente la salud financiera del país como consecuencia de la deuda de las comunidades autónomas en mayor medida de lo que lo hace como consecuencia de la deuda del Estado y, sobre todo, de la deuda privada? ¿Resulta más difícil tomar decisiones cuando los protagonistas de las mismas son las comunidades autónomas que cuando se tienen que tomar por parte del Estado central?

Las preguntas podrían multiplicarse y todas vienen a cuento de la intervención de Mariano Rajoy esta semana en Santander, en la que, acuciado sin duda por la remodelación del Gobierno puesta en práctica por José Luis Rodríguez Zapatero y obligado, en consecuencia, a abandonar la estrategia de silencio que, según se dice, le ha sido recomendada por su consejero electoral, ha situado como su primera propuesta de cara a las próximas elecciones generales la reforma del Estado de las Autonomías, responsabilizando de esta manera a la estructura del Estado de parte de las dificultades que tiene España para hacer frente a la crisis.

Volvemos a lo de siempre. Cada vez que nos encontramos con dificultades reaparece el viejo discurso centralista. Hace unas semanas fue el gobernador del Banco de España el que hizo unos comentarios en sede parlamentaria poniendo en cuestión que en las comunidades autónomas se tuviera la voluntad política para hacer el mismo esfuerzo de austeridad que se está haciendo en el Estado. En estos días se están aprobando los proyectos de leyes de presupuestos de todas las comunidades autónomas y, por lo que vamos sabiendo, no hay desviación alguna en esfuerzo de austeridad respecto del que se ha aplicado en el proyecto de ley de presupuestos del Estado.

Da igual. No hay la más mínima evidencia empírica que permita afirmar que las comunidades autónomas han debilitado la posición del país en la entrada de la crisis económica y que vayan a dificultar la salida de la misma. Pero la cantinela sigue.

Más bien habría que decir lo contrario. Las comunidades autónomas están teniendo que soportar las consecuencias más dolorosas de la crisis. Tienen que gestionar la sanidad y la educación; tienen competencia en políticas sociales, de atención a la dependencia y a todos los fenómenos de exclusión social; no tienen competencia en inmigración, pero tienen que hacer frente a las consecuencias del fenómeno inmigratorio, en la medida en que son ellas quienes tienen que escolarizar a la población inmigrante o atenderlos cuando su salud lo requiere. Las comunidades autónomas están sufriendo la crisis con una intensidad extraordinaria y están respondiendo haciendo encajes de bolillos con recursos decrecientes.

Las comunidades autónomas están siendo los amortiguadores que están permitiendo que el país esté soportando las consecuencias de una crisis no fácilmente soportable. Y siendo capaces de ponerse de acuerdo y aprobando por unanimidad medidas cuando las circunstancias lo han requerido. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en reuniones sectoriales para abordar la sanidad. En lo que llevamos de legislatura, si exceptuamos la política antiterrorista, no ha habido más política consensuada que aquella de la que han sido protagonistas las comunidades autónomas. No son ellas parte del problema, sino actores indispensables de su solución.