El acusado, Mohamed E., sentado ayer en el banquillo. :: G. CARRIÓN

Recolectar brócoli y lechuga en el campo lorquino no es la oferta laboral del siglo, pero para unas marroquíes sin papeles ese salario podía ser la diferencia entre salir o no adelante. Mohamed E. trabajaba en 2007 para una empresa agrícola de Lorca y se encargaba de seleccionar quiénes accedían a ese puesto. Era el ‘furgonetero’. Este magrebí conocía la circunstancia de estas mujeres y la aprovechó para acosar a algunas de ellas a las que solicitaba favores sexuales a cambio de ese puesto de trabajo. Él mismo lo reconoció ayer ante el juez. «La que no va con él, no trabaja», resumía una de sus víctimas.

El reconocimiento del acusado se produjo en el marco de un acuerdo entre todas las partes – Fiscalía, acusación popular y defensa – que le redujo la pena, desde los 32 años de prisión que inicialmente solicitaba para él el Ministerio Fiscal, hasta una pena de dos años. Esta importante rebaja se debió, casi por completo, al cambio en las declaraciones de las víctimas, que, al contrario de lo que manifestaron en el momento de la denuncia, negaron ayer que el acusado las hubiera obligado a mantener relaciones sexuales. Sí hubo acoso, pero no abuso.

Las mujeres, que precisaron en todo momento de una intérprete y mostraron una actitud temerosa hacia el tribunal, confirmaron ayer que Mohamed les había insistido en que debían mantener relaciones sexuales con él para conseguir el empleo en el campo lorquino, pero no precisaron si esas relaciones se habían o no producido finalmente. «Nunca me ha pegado, ni amenazado», insistía una de ellas.

Esta versión es sustancialmente diferente de la que, en su día, expusieron ante la Guardia Civil y el Centro Integral de Trabajadores Extranjeros (Cite), dependiente del sindicato Comisiones Obreras. De ahí, que en principio, el escrito del fiscal acusara a este marroquí de haber mantenido relaciones sexuales completas y forzadas con cuatro empleadas. En el transcurso del juicio, el letrado de Comisiónes Obreras, Joaquín Dólera, que ayer ejercía de acusación popular, interrogó en varias ocasiones a la mujeres sobre si habían sido objeto de algún tipo de amenazas y si, en la actualidad, trabajaban para el acusado. Ellas lo negaron todo rotundamente.

Dólera reconoció ayer no saber el motivo que había provocado este sorprendente cambio en las declaraciones de las víctimas, aunque afirmó que podría deberse a «un problema idiomático o a la visceralidad de los primeros momentos» y, aún así, condenó este caso de acoso sexual a mujeres inmigrantes.

Por su parte, la letrada de la defensa, María Dolores Hernández, expuso sus dudas sobre las manifestaciones que las mujeres realizaron en un primer momento y recordó que todo este asunto comenzó porque el acusado adeudaba a las víctimas varios salarios.