Un ciudadano magrebí, vecino de Lorca, será juzgado hoy en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de abusar sexualmente de cuatro de sus empleadas en una finca agrícola del municipio. El fiscal solicita para él 32 años de prisión, ocho por cada víctima.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, estas presuntas agresiones sexuales se produjeron durante el año 2007. En todas ellas, el acusado se aprovechaba de su situación de prevalencia como encargado de una empresa agrícola de Lorca para formular presuntamente estas exigencias sexuales a las mujeres que acudían a él en busca de un puesto de trabajo en el campo lorquino.

La primera alerta sobre la comisión de estos presuntos abusos partió del Centro Integral de Trabajadores Extranjeros (Cite), dependiente del sindicato Comisiones Obreras. Éste denunciaba que, según había podido conocer, el capataz de una empresa agrícola de Lorca estaba sometiendo a varias de sus trabajadoras a abusos sexuales. M. E. H., de 40 años, magrebí y vecino de Lorca, era el presunto autor de esos delitos continuados de agresión sexual cometidos contra varias empleadas a las que exigía presuntamente mantener relaciones íntimas bajo amenaza de perder su trabajo.

Las víctimas, todas ellas también de orígen magrebí, fueron atendidas por el equipo de atención a inmigrantes de la Guardia Civil y, fruto de la colaboración con los agentes, se produjo poco después la detención del sospechoso. La acusación estatal le atribuye cuatro delitos de agresión sexual, por cada uno de los cuales solicita ocho años de prisión, además de la prohibición de acercarse a menos de trescientos metros de las cuatro víctimas. Asimismo, solicita una indemnización para cada una de ellas de dos mil euros por daños morales.

Las investigaciones de la Benemérita, sin embargo, no se detuvieron ahí. Siguieron profundizando hasta convertirse en la ‘Operación Hermita’, un duro golpe contra una red de explotación de inmigrantes que terminó salpicando en noviembre de 2007 a tres empresas del campo de Lorca, entre ellas la del acusado. Hubo seis detenidos. Uno de ellos era el acusado y el resto, vecinos de Lorca y Puerto Lumbreras.

Hasta 25 trabajadores encontró, al parecer, la Guardia Civil en estas empresas trabajando sin contrato de trabajo y sin alta en la seguridad social, tal y como informó en su momento la Delegación del Gobierno.