LA canciller Angela Merkel ha animado el debate sobre los perfiles de la sociedad europea al declarar que “los esfuerzos por construir una sociedad multicultural han fracasado absolutamente” en Alemania. La cuestión, relacionada con la inmigración y con las políticas desarrolladas para integrarla, ocupa y preocupa a los gobiernos y a los ciudadanos del Viejo Continente, extremo que se refleja en los sondeos. Asimismo, este debate se ha colocado en un lugar preferente dentro de la agenda política de los estados miembros de la UE y se intensifica con la celebración de todo tipo de elecciones.

El multiculturalismo, entendido como un modelo determinado de organizar la diferencia en las sociedades democráticas, no se ha implantado en ningún país europeo. Sólo el Reino Unido y, en menor medida, Holanda han desplegado leyes y normas que se acercan a una gestión de la diversidad basada en un cierto equilibrio entre la cultura mayoritaria de acogida y las culturas propias de los colectivos inmigrantes . Con todo, entre el modelo asimilacionista francés y el modelo británico, se han puesto en marcha todo tipo de experiencias y enfoques que han buscado la integración del extranjero, con mayor y menor fortuna.

En España, donde la inmigración es de las más altas de Europa (13,1% sobre la población total) yun fenómeno más reciente que en otros estados, se ha intentado evitar los riesgos observados en sociedades vecinas, como la francesa. En nuestro país, esta reflexión es fruto mayormente de la dialéctica ensayo-error a cargo de las administraciones públicas, una inevitable improvisación que se traslada también a los programas de los grandes partidos, demasiado vagos a la hora de diagnosticar este desafío. En este sentido, se echan en falta posiciones estratégicas en vez de declaraciones tácticas al albur de una u otra polémica local. Los ayuntamientos, en cambio, son el ámbito que más ha destacado en proponer soluciones interesantes para hacer viable la convivencia entre recién llegados y autóctonos.

La emergencia de partidos de ultraderecha, que explotan la inmigración para crecer entre los electorados de varios países europeos, envenena este imprescindible debate y lo desfigura. ¿Hasta qué punto Merkel y otros dirigentes democráticos actúan y hablan en función de grupos xenófobos y racistas? En realidad, los líderes de los grandes partidos están obligados a enfrentar este desafío seriamente y con independencia de que proliferen mensajes extremistas. Detrás de un debate aparentemente teórico, está la necesidad de gestionar la inmigración de manera prioritaria, con los instrumentos y los recursos públicos necesarios para evitar la fractura social y la creación de guetos.

La Europa actual es mucho más diversa que la que conocieron nuestros padres y abuelos. Esta realidad dinámica debe ser asumida con inteligencia, sin ceder a las simplificaciones demagógicas y sin negar tampoco las dificultades objetivas que entraña. Como señalan todos los expertos, las democracias deben remodelarse para acoger en su seno el reconocimiento de la diferencia, pero, a la vez, deben reforzar un marco claro de derechos y deberes iguales para todos, sobre la base irrenunciable de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el imperio de la ley civil. La identidad común europea se plasma en conquistas irrenunciables que ningún colectivo puede ni debe cuestionar en nombre de una u otra visión particular.