Dos certeros tiros en la cabeza acabaron con la vida de Rosa el pasado 14 de octubre en Benejúzar. José, su marido, fue quien apretó el gatillo de la pistola, la misma que usó minutos después para dispararse en la sien y quitarse la vida. Discutían a menudo pero la mujer nunca lo había denunciado. Carecía por tanto de medidas de amparo contra él.

En la Comunitat, la Justicia concede cada mes casi 400 órdenes de protección a maltratadas. Así lo revela el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante el primer semestre de 2010, 2.646 víctimas solicitaron una de estas resoluciones judiciales para sentirse más seguras. Sólo se denegaron 410.

Un dato alarmante es que 228 de sus destinatarias han sido menores de edad. Los expertos insisten en la importancia de presentar una querella para que se active el sistema de protección de las víctimas. «Es el primer paso para que las instituciones podamos ofrecer ayuda y poner en marcha todos los mecanismos y protocolos de actuación», señala la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, en un comunicado reciente.

Cuando una mujer requiere una de estas resoluciones, debe rellenar un formulario en el que se consulta qué medidas quiere solicitar. Dentro de las penales se le pregunta si quiere seguir en el mismo domicilio en el que vive con el agresor, si desea que la persona denunciada lo abandone para garantizar su seguridad o bien que se le prohiba acercársele tanto a ella como a sus hijos. Además, puede solicitar la prohibición de comunicación y la retirada de armas.

La víctima también tiene derecho a pedir una serie de medidas civiles, como el régimen de custodia, prestación de alimentos y uso de la vivienda.

Las inmigrantes siguen siendo las víctimas más vulnerables de la violencia de género. Ellas pidieron casi la mitad de esas medidas, cuando su peso es del 16% de la población femenina total de la Comunitat Valenciana.

Una tendencia que se consolida es que las mujeres valencianas cada vez confiesan más su pesadilla. Durante el segundo trimestre del año 4.852 mujeres denunciaron su pesadilla, lo que supone un repunte con respecto a los tres primeros meses del año. Entre enero y junio, el número roza las 10.000.

Sin embargo, Montalbán lamenta que aún «sigue existiendo una bolsa de maltrato que no termina de emerger e hijos que sufren en silencio la violencia machista. Sabemos que los malos tratos matan».

La Comunitat ya ha registrado este año seis víctimas mortales a manos de sus parejas o ex parejas. Teresa, Fátima, Irene, Irmgard, Rosario y Rosa son la prueba más fehaciente de este «grave y tenebroso problema», tal y como lo califican expertos con el director del Centro Reina Sofía, José Sanmartín.

La mitad de ellas había presentado al menos una denuncia contra su agresor. Cinco días antes de ser asesinada, Fátima acudió a la comisaría porque su ex marido la había amenazado de muerte. Pese a que sobre él pesaba una orden de alejamiento, ella sentía miedo. El 28 de marzo recibió un disparo mortal en la nuca.

Irene, asesinada a puñaladas en en Museros en abril, también había presentado dos querellas contra su ex marido aunque no se había dictado ninguna medida cautelar.

El presunto asesino de Rosario, una valenciana de 33 años, tenía una prohibición de acercamiento a ella a menos de 200 metros tras haberle denunciado por malos tratos psicológicos. Tampoco podía comunicarse con ella. Irene murió en septiembre sin que le concedieran un terminal de teleasistencia que había solicitado un mes antes.