El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, denunció ayer las trabas del Ministerio de Justicia para que los letrados cobren por atender a detenidos en el turno de oficio y por la modalidad de asistencia jurídica gratuita a personas con pocos recursos económicos.

Lo hizo en una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Gobierno de ese colegio con el consejero de Justicia, Manuel Campos, al que pidieron una mejora cuando el 1 de enero las competencias pasen a la Comunidad Autónoma.

Muelas puso como ejemplo que se ha denegado el pago de servicios tras exigir que se aportara el número de NIF o de NIE de inmigrantes llegados en patera. Expuso el sinsentido de acreditar la evidente insolvencia de estas personas, a las que los abogados asisten por su compromiso social con los débiles.

Muelas dijo que, por la crisis, este año han crecido un 30% los servicios gratuitos. Un motivo es que el 70% de la población de la Región de Murcia es susceptible de beneficiarse porque cobra menos de 1.200 euros.

Campos anunció que para 2011 habrá 600.000 euros más a repartir entre Murcia, Cartagena y Lorca. Admitió que será insuficiente, pero prometió que habrá otra «cierta subida» en 2012 y un esfuerzo para los años siguientes.