Bruselas. El equipo de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, analiza ya las explicaciones y compromisos remitidos el viernes por Francia con respecto a las polémicas expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros del país, según confirmó ayer un portavoz.

El Ejecutivo comunitario recibió la noche del viernes la carta con las respuestas de las autoridades francesas alrededor de las diez de la noche, poco antes de que venciese el plazo dado por Bruselas. Los servicios de la CE comenzaron inmediatamente a analizar la documentación y continuarán haciéndolo durante todo el fin de semana.

Aunque la Comisión no ha fijado ninguna fecha oficialmente, el objetivo es que el estudio esté finalizado antes del martes, cuando Reding tiene previsto presentar la situación del caso ante el colegio de comisarios. Entre los compromisos que Bruselas quiere constatar figura el de la transposición integral de la directiva sobre libre circulación de ciudadanos europeos, algo a lo que Francia ha accedido, según anunció el viernes su Ministerio de Exteriores.

En función de lo recogido en los documentos recibidos, la Comisión decidirá la próxima semana si finalmente inicia un expediente sancionador contra Francia. Reding quiere tener por escrito un borrador de la directiva correctamente traspuesta al derecho nacional, acompañado de un calendario preciso.

El viernes, un portavoz del departamento francés de Inmigración explicó a Efe que habrá una “transposición integral” del texto de la directiva y que se hará en diciembre por la vía de una enmienda, durante la tramitación de un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que endurece la lucha contra los sin papeles y agiliza su expulsión.

Según el portavoz, París no había llevado a cabo la adopción integral porque estimaba que su normativa ya incorpora el espíritu del texto europeo, pero, puesto que el Ejecutivo comunitario tenía dudas al respecto, se va a integrar la directiva al derecho francés sin cambios. La transposición de la directiva fue finalmente el único asunto por el que la Comisión amonestó a Francia tras la polémica por las expulsiones de gitanos que provocó fuertes tensiones entre Bruselas y París. En ese caso, el Ejecutivo comunitario terminó el mes pasado por renunciar a una advertencia formal, aunque volvió a pedir más datos sobre los procedimientos empleados.