París. Francia cambiará su legislación para incorporar todas las garantías previstas en la directiva sobre libre circulación de personas de la Unión Europea con el objetivo de evitar que la Comisión Europea le abra un expediente en relación con las polémicas expulsiones de gitanos rumanos. El Ejecutivo comunitario mantenía la amenaza de expedientar a París si las autoridades francesas no se comprometían a ajustar su legislación a la directiva europea antes del 15 de octubre. Así, el Gobierno francés se comprometió a enviar ayer mismo a la Comisión Europea por escrito sus planes. “El Gobierno francés está dispuesto a adaptar su legislación”, aseguró el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, en París. Pero, además, el Ejecutivo galo está convencido de que su respuesta convencerá a Bruselas de que actúa de acuerdo con el derecho comunitario.

“Las autoridades francesas transmitirán a la Comisión los elementos de información necesarios para confirmar que la actuación de la administración, sometida a un control judicial efectivo, es plenamente conforme al derecho europeo”, explicó un portavoz del ministerio francés de Exteriores. Ya durante la mañana, la Comisión afirmó que esperaba una respuesta por parte del Gobierno de Nicolas Sarkozy para la noche de ayer. De no hacerlo, el Elíseo podría enfrentarse a un expediente sancionador por parte de Bruselas. Al margen de esta cuestión menor, la Comisión ha renunciado ya a sancionar a Francia por discriminación en las expulsiones de gitanos, pese al anuncio en este sentido de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

Modificaciones El miércoles, el ministro de Inmigración, Eric Besson, aseguró que el Gobierno galo adecuará sus leyes migratorias a la legislación comunitaria, unas modificaciones que podrían presentarse al Parlamento en diciembre o enero. El Ejecutivo comunitario cree que París no ha implementado por completo en su legislación nacional la directiva de la UE que contempla el derecho de residencia en cualquier país del grupo. La directiva establece que en cada caso de expulsión deben estudiarse las circunstancias personales de los afectados, como su edad o el tiempo de residencia en el país de acogida. Francia ha expulsado desde principios de año a más de 8.000 búlgaros y rumanos, la mayor parte de ellos de etnia gitana. La controversia llegó a su punto álgido este verano, cuando París fletó varios aviones con gitanos de estas nacionalidades.