Francia notificó ayer a la Comisión Europea que retocará la legislación nacional para insertar un reforzamiento de la protección judicial de los ciudadanos europeos que se vean expulsados del territorio, conforme a las peticiones formuladas por el Ejecutivo comunitario.

El Gobierno francés, que mantiene desde agosto un pulso político con la Comisión Europea a raíz de las expulsiones de gitanos búlgaros y rumanos, esperó hasta el último día de plazo para responder a las demandas de la comisaria de Justicia, Viviane Reding. La notificación oficial francesa cierra la última posibilidad al Ejecutivo comunitario de abrir un expediente contra Francia por una adaptación deficiente a la legislación nacional de la directiva sobre libre circulación de ciudadanos en el seno de la Unión Europea.

La Comisión Europea formuló esta amenaza el pasado 29 de septiembre para salvar la cara cuando renunció a abrir el anunciado expediente por discriminación por motivos étnicos a raíz de las expulsiones de los gitanos de Francia.

DERROTA DE REDING Y BARROSO / La dura y contundente reacción del presidente francés, Nicolas Sarkozy, a las críticas de Reding por las expulsiones de los gitanos y el paralelismo como las deportaciones del régimen nazi, obligó a la comisaria y al propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a dar marcha atrás. Ni Barroso ni Reding encontraron el respaldo de ningún líder europeo en su pulso con Sarkozy.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés subrayó ayer en un comunicado que incluirá en su legislación nacional «ciertas disposiciones» para dotar de una mayor transparencia y seguridad jurídica los eventuales casos de expulsiones de ciudadanos europeos de Francia. La información transmitida, añade el comunicado, confirmará que «la actuación de la Administración, sometida a un control judicial eficiente, es plenamente conforme al derecho europeo».

El ministerio francés, no obstante, insistió en que los ciudadanos europeos que son expulsados «ya se benefician sistemáticamente de las garantías procesales previstas en los artículos de la directiva», en contra de lo sostenido por la Comisión Europea.

Francia reiteró que esas garantías judiciales estaban aseguradas por «los principios generales del derecho, así como por una jurisprudencia clara, precisa y constante que emana de los tribunales».

La Comisión Europea indicó que estudiará en detalle la notificación francesa para comprobar si satisface todas sus demandas de lograr la transposición completa de la directiva de libre circulación de personas al derecho nacional francés.