Sí eran menores de edad. La justicia ha dado la razón, hasta ahora, a 13 de los 18 subsaharianos a los que la Comunidad de Madrid dejó de tutelar después de haberles acusado de falsificar su pasaporte para ocultar que tenían “18 años o más”. En 13 autos que ayer hizo públicos la Fundación Raíces, varios juzgados de instrucción de Madrid archivaron otras tantas denuncias por presunta falsificación de pasaportes que la gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia había interpuesto contra los subsaharianos. Las cinco denuncias restantes están aún pendientes de resolver.

La Comunidad de Madrid basó su acusación en unas pruebas radiológicas practicadas en la clínica privada Abadal, en las que se concluía que la edad más probable de los jóvenes se situaba “en torno” a los 18 años – las pruebas oseométricas tienen un margen de error de 18 meses – . Según la fundación, que denunció el caso el pasado febrero, la Comunidad de Madrid cesó entonces “las medidas de protección y muchos se quedaron en la calle”.

Fuentes de la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad explicaron ayer a este periódico que “se consideraron falsos los pasaportes” por la existencia de “documentación contradictoria”. La consejería aludió a informes de “otras comunidades autónomas” que aseguraban que los jóvenes eran mayores de edad, informes que se vieron reforzados por “el resultado de las pruebas radiológicas”.

Sin embargo, un auto del Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid, que archiva la denuncia contra uno de los menores subsaharianos, critica que la Comisión de Tutela del Menor se sirva de “una prueba tan endeble como es un informe radiológico que afirma que la edad ‘más probable’ del menor es mayor de 18 años” para concluir que el pasaporte ha sido falsificado, más aún cuando “no mostraba ningún elemento notorio de falsificación”. Según el juez, al ser el denunciante una entidad oficial podía haber solicitado a la autoridad consular correspondiente que informara “sobre la autenticidad del documento”.

La Policía Científica analizó varios de esos pasaportes y resultaron auténticos. En otros casos, los jueces no consideraron necesario practicar pruebas periciales. Todos los pasaportes han sido devueltos a sus propietarios.

“Nadie nos ha dicho que tengamos que volver a tutelar a estos menores”, se defiende la Consejería de Asuntos Sociales, que recuerda que la Fiscalía de Madrid avaló su decisión. Según la consejería, las resoluciones judiciales acreditan que no hay delito en el tratamiento de los documentos pero no aseguran que los datos que contienen no son erróneos. “Los pasaportes expedidos en las embajadas y consulados de origen pueden utilizar partidas de nacimiento que vienen sin foto y sin huella dactilar”, añade.

Aún cuestionando la autenticidad de los documentos, era necesario esperar a la resolución judicial, antes de “dejar a los menores en la calle”, protesta Ignacio de la Mata, abogado de la Fundación Raíces. Para De la Mata, “la determinación de la edad es competencia del Ministerio Fiscal y no de centros médicos privados”.

Sin embargo, la Ley de Extranjería no es clara al respecto y cada comunidad la interpreta de modo diverso: unas aceptan la validez de la fecha de nacimiento del pasaporte y otras hacen pruebas óseas; algunas comunidades optan por acudir a la sanidad pública y otras, como Madrid, lo hacen en centros privados.