Bruselas- En el año 2000, Austria fue castigada por sus socios en la UE con siete meses de aislamiento diplomático después de que los conservadores pactaran con la extrema derecha populista. Una década después, la formación del Gobierno holandés con el apoyo de Geert Wilders o el ascenso de los extremistas en Suecia ni siquiera han merecido un comentario en Bruselas.

Quien será primer ministro de Holanda, el liberal de derecha Mark Rutte, se reparte ahora ministerios con los democristianos para nombrar un Ejecutivo de minoría respaldado en el Parlamento por el partido de Wilders, que está en pleno juicio por «incitación al odio» por sus diatribas contra el islam. La extrema derecha holandesa ya tiene más escaños que los compatriotas socialdemócratas en la Eurocámara, pero el giro de Países Bajos, en sintonía con el de Dinamarca, Suecia y hasta la Alcaldía de Viena, apenas llama la atención entre los líderes de la UE.

El vicepremier británico, Nick Clegg, hijo de holandesa, comentaba la semana pasada en Bruselas que entre los jefes de Estado y de Gobierno «ni se ha hablado» en los pasillos del avance de Wilders.

La decisión de 2000 contra Austria fue puramente política y no estaba basada en ningún procedimiento legal detallado, que, en cambio, ahora sí existe, ya que el Tratado de Lisboa, en vigor desde hace un año, incluye una explicación de las represalias, paso por paso, si un Estado miembro es «sospechoso» de cometer «una violación seria» de los principios de la UE, como la democracia o los derechos humanos; el infractor puede ser sancionado con la retirada del derecho de voto.

Y, sin embargo, ahora suena a ciencia-ficción una decisión al estilo de la austriaca, entre otras cosas porque, como explica a este diario Thomas Klau, director en París del European Council on Foreign Relations, «el panorama político de Europa ha cambiado mucho en los últimos 15 años». En Italia, hasta el líder de un grupo fascista se ha acabado convirtiendo en referencia política seria, Gianfranco Fini. Y en Francia, «uno de los elementos de la victoria de Sarkozy en 2007 fue el adoptar el lenguaje de la extrema derecha», según el politólogo, convencido de que «la disputa sobre los gitanos claramente también ha ido ahora en clave electoral». Si bien considera que las sanciones contra Austria fueron contraproducentes y no estaban bien fundadas, lo cierto es que, más allá de las consideraciones estratégicas, en 2010, «ya hay un cierto nivel de normalización» de las ideas de la extrema derecha. «Y es un fenómeno no sólo europeo, sino que afecta a casi todo Occidente», dice Klau, en referencia al Tea Party en EEUU.

En Países Bajos, hasta los socialdemócratas defendieron en campaña una política restrictiva de la inmigración. Los liberales de Rutte son partidarios de limitar la entrada de extranjeros y de las familias de los inmigrantes legales o de expulsar a los que hayan cometido crímenes serios. Ni a liberales ni a democristianos les ha costado comprometerse con Wilders a presentar una nueva legislación para prohibir el burka en los lugares públicos y el velo para una parte de las funcionarias. Los dos grupos ya apoyaron una propuesta anterior de veto, parada en el Parlamento holandés sólo por las constantes caídas de Gobierno.