Enviada especial

El comisario europeo de Trabajo e Integración, László Andor, tiene a España en la cabeza. Está seguro de que el modelo de integración de los gitanos en España ha funcionado, y eso aun teniendo en cuenta que acoge el mayor grupo de esta minoría fuera de sus países de origen. «España ha mostrado que es posible integrar a los gitanos y dar una mejor vida a esta comunidad», afirmó ayer en Bucarest.

El responsable europeo, de nacionalidad húngara, que el martes y miércoles participó en una reunión de alto nivel para analizar el uso de los fondos de la UE destinados a apoyar a los más vulnerables, destacó que en España se da una atmósfera en la que se defienden sus derechos, hay proyectos para facilitar su acceso a la educación y al mercado laboral, y todo ello contribuye a que sean respetados en mayor medida los derechos fundamentales.

Andor acababa de visitar Ferentari y Jilava, dos suburbios de Bucarest, de población mayoritariamente gitana, aunque los coches oficiales no se adentraron en las peores zonas. Más allá, el ambiente no es muy diferente al que reina, por ejemplo, en la Cañada Real de Madrid, según comentaron los vecinos rumanos no gitanos con los que pudo hablar EL MUNDO. Para el comisario, en Rumanía queda mucho trabajo pendiente, una crítica en la que coincidió con las ONG que participaron en la conferencia a la que asistió durante la mañana.

«Estamos aquí para analizar la situación. Rumanía y Bulgaria tienen poca experiencia porque sólo llevan unos tres años en la UE y, además, debido a la crisis, aunque los fondos estén disponibles, la administración no es tan fuerte para gestionarlos bien y no se está sacando de ellos el provecho que se debería», aseguró.

Ambos países, en muy difícil situación económica, nunca han dejado de estar bajo la sombra de la corrupción tras su entrada en la Unión Europea. El comisario alertó del riesgo real de que se retiren este tipo de fondos que, según denuncian las ONG, son recibidos por el país pero a duras penas llegan a sus manos.

Pero Andor no fue el único en destacar las buenas maneras del Gobierno español en su gestión. La diputada rumana Oana Niculescu-Mizil celebró que España «nunca haya querido legalizar los campamentos de gitanos», que el 75% de los residentes tiene ingresos y que más del 85% sepa leer, según sus cifras. «Los gitanos no necesitan guetos», aseguró ante un repleto auditorio.

Otro que lo usó de ejemplo fue Valeriu Nicolae, del Centro de Políticas para los Gitanos y las Minorías, que subrayó el alto grado de escolarización integrada de los niños en España, al contrario que en Rumanía donde precisamente se trabaja para conseguir que alumnos gitanos y no gitanos estudien en centros diferentes.

La cita en la capital rumana llega después de la encendida polémica por la expulsión de miles de gitanos en Francia, de la suavidad con la que la Comisión Europea ha afrontado el asunto y en medio de las sospechas que señalan que la Gendarmería francesa tiene un fichero especial en el que almacena datos de esta minoría. La Comisión ha alertado de la poca eficiencia en el gasto del dinero disponible y ha creado un grupo de trabajo para analizar la cuestión en profundidad que presentará sus conclusiones a finales de este año.