LA REVOLUCIÓN en la política sociolaboral que pretende poner en marcha la consejera Gema Zabaleta choca con varios obstáculos de calado. Tanto el análisis de las onegés que trabajan con los colectivos de inmigrantes irregulares como el último informe del Consejo Económico y Social (CES) inciden en dos aspectos muy importantes. Porque el «itinerario» de integración con el que el equipo de Trabajo pretende facilitar la socialización de los extranjeros sin documentos legales chocan con la obligación legal de contar precisamente con los papeles de los que carecen. Una contradicción de partida que va más allá de la simple tramitación administrativa porque obliga directamente a la policía a localizar a estos ciudadanos indocumentados y provoca que estos inmigrantes eviten sedes administrativas donde pueden ser identificados y detenidos. El informe del CES, por su parte, advierte que la extensa relación de funciones que asumirán los trabajadores del servicio de empleo no se corresponden con su capacidad real.