La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, presentó hace una semana el nuevo modelo de atención a extranjeros indocumentados tras la desaparición de Heldu. La intención del Gobierno vasco es ligar su inclusión social con un proceso de capacitación para trabajar. Promete «itinerarios de inserción» personalizados para este colectivo a través del nuevo servicio vasco de empleo, Lanbide, que sustituirá al antiguo Inem una vez cerrada la transferencia de las políticas activas de empleo pero que, a día de hoy, ni siquiera existe.

El anuncio no ha sentado nada bien en las oenegés que trabajan día a día con inmigrantes . Ven la propuesta como «una huida hacia adelante» para no reconocer el error cometido al suprimir las oficinas de Heldu ideadas por Javier Madrazo y gestionadas por la empresa pantalla lo reconocieron sus propios trabajadores Estudios y Proyectos Jurídicos. Este programa atendió a más de 33.000 personas desde su creación en 2002 y ahora las fuentes consultadas aprecian una alternativa casi utópica, incluso de difícil encaje legal.

«Al servicio de empleo se va con los papeles en regla», resume Fede García, de SOS Racismo. Subraya que la legislación española impide a la Administración cursar una oferta de trabajo a un forastero que no posea el permiso preceptivo, a no ser que la contratación se tramite en su país de origen, como sucede con los cerca de 500 temporeros que estas semanas han participado en la vendimia riojanoalavesa.

«¿Qué ‘itinerario’ se les va a plantear si es imposible que pueda terminar en una oferta de trabajo? Este planteamiento se podría entender como una pérdida de tiempo», argumenta Asier Arpide, de la coordinadora de agrupaciones de apoyo a inmigrantes , Harresiak Apurtuz. Con la sola explicación de que el modelo aún se está perfilando, el equipo de Zabaleta se negó a precisar qué servicios ofrecerá Lanbide a este colectivo, ni tampoco si estarán disponibles en cuanto eche a andar este ente público.

Sean los que sean, en SOS Racismo entienden que abrir a irregulares las puertas del futuro servicio autonómico de empleo para ofrecerles «cursillos» será meramente «paliativo». «No se va a la raíz del problema», denuncia García, que vuelve a poner sobre la mesa la imposibilidad de ser contratado sin los permisos de trabajo y de residencia. «¿Se los va a facilitar Lanbide?», se pregunta.

No lo aclara el Ejecutivo. Sólo es público que el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, planteó asumir «nuevas competencias» para atender de forma «proactiva» a los inmigrantes . La gestión de la documentación exigida corresponde ahora al Ministerio de Trabajo, a través de sus oficinas de Extranjería y de las subdelegaciones del Gobierno. Cataluña, por ejemplo, sí ha sustituido al Estado y expide, en su agencia de ocupación (SOC), ciertos permisos de trabajo. Pero el Estatuto de Gernika no lo contempla.

La justificación esgrimida por Zabaleta para hacer desaparecer un organismo específico para inmigrantes , como lo era Heldu, es que «no hay que crear compartimentos estancos para atender a unos u otros». La vía, apuntó en el Parlamento, es integrar a este colectivo en los «servicios públicos universales». Esta decisión es positiva, según Harresiak Apurtuz, pero con un matiz, «que no vaya en contra de la especialización en la atención».

En principio, en Lanbide sólo van a trabajar funcionarios procedentes del Inem, de Egailan servicio vasco de colocación y del área de Empleo e Inclusión Social del Ejecutivo. «Esos trabajadores no han tenido un proceso de formación para afrontar la problemática específica de los inmigrantes [irregulares]», critica Arpide. «Y no se puede olvidar que su situación administrativa requiere una atención especializada», apostilla.

De la misma opinión es García. «Un servicio de empleo no tiene, a día de hoy, personal suficientemente cualificado», se queja en referencia a las particularidades idiomáticas, culturales o sociales de este colectivo. «Zabaleta da a entender que cualquiera puede atender a inmigrantes ».

El equipo de la consejera, preguntado por este periódico, no quiso concretar si ficharán personal de la Dirección de Inmigración compuesta por cinco técnicos especializados en la materia y tres administrativos para Lanbide. De no ser así, apuntan las oenegés consultadas, el modelo se resquebrajaría.

Así se lo expuso también Aralar en sede parlamentaria a la consejera Zabaleta. En su respuesta, la titular de Empleo y Asuntos Sociales únicamente señaló que Inmigración debería centrarse mucho más en cuidar la diversidad étnica que en controlar los flujos migratorios. Y recordó que los especialistas en esta área de los ayuntamientos habrán de sumarse a los servicios sociales municipales para garantizar esa perspectiva de inmigración en todas las ventanillas del sistema de protección social vasco.

En SOS Racismo ponen un pero más al nuevo modelo. Su experiencia les revela que los extranjeros no se plantean, como primera opción, acudir a una oficina gubernamental si no tienen la documentación en regla. «No les gusta ver a alguien con uniforme en la puerta», precisa García, con 25 años de experiencia en el trato con foráneos.

Ironiza sobre las facilidades que el planteamiento de Zabaleta concede al Cuerpo Nacional de Policía, competente en Extranjería, para que se plante en Lanbide, identifique a indocumentados y proceda a expulsarlos del país. «Si sabemos que hay ilegales, tenemos la obligación de ir a detenerlos», explicó a este periódico un policía de la Comisaría de Vitoria.

En el Ministerio de Trabajo e Inmigración no quisieron valorar la posibilidad de que el servicio vasco de empleo atienda a irregulares, algo que no se ha producido nunca en el Inem. Precisaron, eso sí, que confían en que cualquier iniciativa planteada desde el Gobierno vasco «se ajuste a la legalidad».

Mientras toma forma este modelo de atención a inmigrantes , el Gobierno vasco ha implantado un servicio de carácter transitorio que pivota en torno a un teléfono gratuito de información (900 840 126, sólo en horario de mañana) y un correo electrónico (inmigrazioa-asesoria@ej-gv.es). Según datos oficiales, ha atendido «más de 1.000 consultas» en casi tres meses. Tras el cierre de Heldu, en el que trabajaban 23 personas entre letrados y administrativos, se ha optado también por potenciar el área jurídica de Biltzen, servicio de integración también ideado por Madrazo y explotado igualmente por una sociedad externa con la que colaboró en años anteriores el actual viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova.