La tardía promulgación del nuevo reglamento de extranjería por parte del Gobierno, que había anunciado su aprobación para el pasado mes de mayo, es un reflejo más de las muchas dudas e incoherencias que la política de inmigración suscita en el conjunto de las instituciones y partidos. El director general correspondiente del ministerio de Trabajo, Markus González, avanzó ayer que les será renovado su permiso de residencia a aquellos inmigrantes en situación de desempleo cuyas parejas legales cumplan los requisitos económicos para permanecer en España. La medida parece justa, puesto que el paso a la situación de parado puede suponer, de lo contrario, un doble quebranto: la pérdida del citado permiso y una seria dificultad para mantener el compromiso de convivencia entre dos personas, con penosas consecuencias para las personas que dependan de ese vínculo. Ningún gobierno europeo debería emplear los sucesivos reglamentos como una llave de paso que se abra y se cierre a tenor de que se precisen más trabajadores o se generen excedentes de mano de obra. Desde luego no sin establecer ante unas bases que garanticen la realización de los derechos ciudadanos y favorezcan el arraigo personal y familiar en el país de acogida. Entre otras razones porque solo una sociedad abierta se beneficiará de las migraciones propias de la globalización, como se han beneficiado todos los españoles en los años de crecimiento.