MADRID – Agencias
El Gobierno plantea renovar el permiso de residencia a los inmigrantes en paro, si su pareja está trabajando y cumple, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España. El director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno, Markus González, avanzó ayer que el futuro reglamento de Inmigración “flexibilizará la renovación de permisos para evitar la irregularidad sobrevenida por la crisis”. En declaraciones a Europa Press, recordó que esta medida se plantea después de que muchos inmigrantes hayan perdido su puesto de trabajo en sectores como la construcción.

Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno es partidario de que los extranjeros en paro continúen en España si sus parejas – estén casados o sean parejas de hecho-trabajan y cumplen con las premisas económicas.

Ante el anuncio de esta medida, el PP solicitará la comparecencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. El principal partido en la oposición quiere que Corbacho explique el nuevo reglamento de extranjería y “dé cuenta de la medida de regularización de papeles a los inmigrantes cuya pareja tenga trabajo estable”. A través de un comunicado, el portavoz de Inmigración del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, calificó de “lamentable” que lleguen a los medios partes del reglamento que el ejecutivo tenía que haber aprobado ya en el mes de mayo. Para Hernando, esta modificación servirá para “incrementar el fraude, desvincular inmigración y permanencia en España de la situación de empleo, e incentivar mecanismos de regularización de personas en situación de ilegalidad”. El portavoz del PP exigió al Gobierno que “reordene el flujo de inmigración y favorezca el retorno a sus países de aquellas personas que en estos momentos han perdido su empleo habilitando los mecanismos necesarios para que puedan volver si en el futuro lo encontrasen”.

Por su parte, el director general de Inmigración aseguró además que para “facilitar las renovaciones automáticas”, están estudiando la reforma de la normativa sobre arraigo social. El objetivo es que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos – y no tres años, como hasta ahora-en España.

Para obtener el arraigo social, los inmigrantes deben demostrar ahora que llevan al menos tres años residiendo en el país, que no tienen antecedentes penales y que cuentan con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario cuya duración no sea inferior a un año en el momento de la solicitud. Asimismo, tienen que probar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que respalde su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.

En cuanto al contencioso en el Tribunal Constitucional presentado por el Defensor del Pueblo contra la ley de Acogida de Catalunya, González afirmó que por ahora el tribunal “se ha limitado” a admitir a trámite el recurso. “Aún no se ha pronunciado sobre si tiene o no fundamento”. La ley, aprobada en abril, prevé un certificado de integración a los inmigrantes que sigan la formación del servicio de primera acogida, que incluye 135 horas de cursos de catalán.

En el 2009, se concedieron 366.000 autorizaciones de trabajo de las 425.000 tramitadas. La inmensa mayoría (sobre 360.000) fue por cuenta ajena. De ellas, 250.000 fueron renovaciones y otras 78.000, autorizaciones por arraigo.