La tardía promulgación del nuevo reglamento de extranjería por parte del Gobierno, que había anunciado su aprobación para el pasado mes de mayo, es un reflejo más de las muchas dudas e incoherencias que la política de inmigración suscita en el conjunto de las instituciones y partidos. El director general correspondiente del ministerio de Trabajo, Markus González, avanzó ayer que les será renovado su permiso de residencia a aquellos inmigrantes en situación de desempleo cuyas parejas legales cumplan los requisitos económicos para permanecer en España. La medida parece justa, puesto que el paso a la situación de parado puede suponer, de lo contrario, un doble quebranto: la pérdida del citado permiso y una seria dificultad para mantener el compromiso de convivencia entre dos personas, con penosas consecuencias para las personas que dependan de ese vínculo. Las contradicciones que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha ido mostrando en su política de inmigración han obedecido en gran medida a la imparable destrucción de empleos, que ha tenido efectos muy severos entre las personas venidas a España atraídas precisamente por la posibilidad de trabajar y acceder a una vida digna. Destrucción de empleos que, por otra parte, ha dado pie a la gestación de reacciones xenófobas en distintos lugares de la geografía española que amenazan con ser interiorizadas por algunos dirigentes políticos locales o regionales. Pero en la era de la globalización una sociedad democrática no puede regular sus flujos migratorios como si se tratara únicamente de un factor económico y de desarrollo. Ningún gobierno europeo debería emplear los sucesivos reglamentos de extranjería como una llave de paso que se abra y se cierre a tenor de que se precisen más trabajadores o se generen excedentes de mano de obra. Desde luego no sin establecer previamente unas bases de partida que garanticen la realización de los derechos ciudadanos y favorezcan el arraigo personal y familiar en el país de acogida. Entre otras razones porque solo una sociedad verdaderamente abierta se beneficiará económicamente de las migraciones propias de la globalización, como se han beneficiado todos los españoles en los años de crecimiento.