La Asamblea Nacional francesa ha mantenido los aspectos más contestados de la nueva ley de inmigración. Los socialistas abandonaron ayer el hemiciclo tras una agitada sesión que amenaza con abrir brechas en las filas del propio partido del Gobierno, la UMP. Varios diputados del grupo ya han anunciado que dirán no en la votación de la próxima semana.

Al menos quince parlamentarios conservadores han anunciado que unirán sus votos a los de la izquierda. Otros ya han confirmado que se ausentarán del hemiciclo, en desacuerdo con algunas de las medidas más polémicas de la llamada «ley Besson». La limitación del tiempo del debate ha hecho que cuestiones como la duración del período de retención, la responsabilidad de las empresas en la contratación de trabajadores clandestinos o la asistencia médica a los inmigrantes irregulares pasaran sin posible réplica según el texto del Ejecutivo.

Cuando la ley esté definitivamente aprobada, Francia podrá expulsar a cualquier extranjero, europeos incluidos, cuando se les considere una amenaza al orden público, con mención específica al robo, la mendicidad agresiva o la ocupación ilegal de un terreno. Sin citarlos de forma específica, este artículo afecta particularmente a los gitanos rumanos y búlgaros, tal y como han denunciado la izquierda y varias asociaciones humanitarias.

Otro motivo para expulsar a un extranjero, europeo o no, es que «represente una carga poco razonable» para el sistema de asistencia social. Por eso se denegará el permiso de residencia a quienes padezcan una enfermedad grave, aunque no puedan ser atendidos en sus países.

La ley endurece las penas de prisión para los matrimonios de conveniencia y despoja de la nacionalidad a los ciudadanos de origen extranjero que atenten contra la autoridad. Este artículo vulneraría la Constitución, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.