vitoria. El cierre del servicio Heldu genera incertidumbre entre la población inmigrante de Euskadi. Así lo ven tanto el Ararteko como las asociaciones sociales que a menudo trabajan con personas extranjeras y que ayer comparecieron en el Parlamento Vasco.

Íñigo Lamarca ha dictado una resolución en la que muestra su preocupación" por las quejas recibidas en torno a las carencias que presenta el nuevo servicio transitorio de atención telefónica a inmigrantes, por lo que pidió al Gobierno Vasco que siga prestando los mismos servicios que Heldu “sin merma de su calidad”. El Ararteko habló, incluso, de situación de “desamparo”, tras las quejas recibidas por diversos colectivos sociales. Lamarca recordó el avance que supuso Heldu en 2002, un servicio que llegó a convertirse en “un referente único para prestar atención jurídica especializada a la población extranjera en situación de gran vulnerabilidad”. En este sentido, pidió al Ejecutivo López que, para evitar que se resienta el nivel de atención, refuerce todas las medidas puestas en marcha con carácter transitorio. Una de ellas, el servicio de atención telefónica, ya que “la supresión del programa Heldu sin haber puesto en marcha el nuevo modelo ha provocado una situación de incertidumbre a las personas usuarias y a los agentes sociales y públicos que atienden a la población inmigrante, que no es positiva”.

vaivenes políticos También distintos colectivos sociales y sindicatos reclamaron ayer al Ejecutivo autonómico que reconozca el servicio de asesoramiento jurídico a inmigrantes para que no dependa de los vaivenes políticos y se asuma como una responsabilidad pública. Durante más de tres horas dieron a conocer su posición ante el nuevo modelo de gestión del servicio jurídico a inmigrantes que quiere implantar el Departamento de Asuntos Sociales tras el cierre de Heldu. La responsable de la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, Harresiak Apurtuz, Franci Fonseca, consideró que la nueva forma de coordinar y gestionar los apoyos a los inmigrantes en situación irregular implantada desde julio en el conjunto de la comunidad autónoma “no es suficiente”.

Por su parte, el secretario general de Cáritas Euskadi, José Emilio Lafuente, explicó que el 70% de los atendidos por esta organización forma parte del colectivo inmigrante y, en gran medida, tiene una situación jurídica irregular. Desde SOS Racismo, Brígida Ridruejo, pidió al Gobierno Vasco que la reordenación de los servicios sociales en la CAV se haga de manera que se respeten los derechos de los foráneos y no se eche por tierra un servicio creado con el esfuerzo de muchas personas e instituciones, que gozaba de un reconocimiento amplio como respuesta puntera en el resto del Estado.

En representación de los 23 ex trabajadores de Heldu, Iñigo Arkaute, defendió que la propuesta del Gobierno Vasco no consiste en un cambio de modelo, sino que se trata de un “cierre tajante”.