Donostia. El Gobierno Vasco se queda solo en su intento de justificar el cierre del servicio socio-jurídico de atención a los inmigrantes Heldu. Si en la comisión parlamentaria del pasado lunes toda la oposición y hasta su socio de Gobierno, el PP, daba la espalda a la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, por las formas y razones aducidas para dejar de contar con los servicios de Heldu, ayer hacían lo propio sindicatos, agentes sociales y el Ararteko.

En el mismo escenario que tuvo lugar la comisión del lunes pero con distintos protagonistas, uno a uno fueron dando evidentes muestras de disconformidad sobre el nuevo modelo de gestión jurídico que ha implantado el Gobierno Vasco. “No es suficiente”, “carece de diagnóstico objetivo” o “falta de información” fueron algunos de los calificativos que los diferentes colectivos sociales dispensaron al nuevo servicio que Lakua mantiene activo.

Uno de los puntos que los agentes sociales pusieron sobre la mesa, fue la necesidad de que el Gobierno Vasco reconozca el nuevo servicio de asesoramiento jurídico en el marco de la Ley de servicios sociales para que, de esta manera, “este modelo no tenga que depender de los vaivenes políticos y se asuma como una responsabilidad pública”.

Cabe recordar que la nueva fórmula escogida por la consejería de Asuntos Sociales consiste en reducir las intervenciones de los especialistas en derecho para que el personal técnico servicios sociales y técnicos de Inmigración en su mayoría adquieran una mayor responsabilidad a la hora de gestionar cada caso. El problema, según coincidieron los partidos políticos, radica en que Lakua todavía no ha sido capaz de ofrecer “una respuesta clara” sobre cómo se va a garantizar la atención jurídica a las personas inmigrantes.

Precisamente, en este último punto se centró la intervención de la coordinadora de la ONG en apoyo a los inmigrantes Harresiak Apurtuz, Franci Fonseca. “Este modelo no cuenta con un mapa de servicios que logren definir el objetivo del nuevo servicio y anuncia una serie de apoyos que no se concretan de ninguna forma”, afirmó. En esta misma línea discurrió también la intervención de la responsable de atención jurídica a personas inmigrantes de Cáritas en Bilbao, Susana Cuesta, que denunció la falta de definición del Gobierno Vasco, al que instó a reconsiderar su postura.

Ararteko Por otra parte, el Ararteko, Iñigo Lamarca, reiteró su disconformidad con la decisión de no renovar el contrato a los 23 trabajadores de Heldu y de acabar con una relación de más de ocho años de trabajo. En este sentido, desde esta institución recordaron que el anterior programa ofrecía unos servicios que estaban orientados a la atención de un colectivo con un nivel de vulnerabilidad “alto”, por lo que, al igual que partidos políticos, sindicatos y colectivos, emplazaron a Lakua a reconsiderar su postura. “Esta situación ha generado una situación de incertidumbre a las personas usuarias y a los agentes sociales y públicos que atienden a la población inmigrante que no es positiva”.

En esta línea, una de las interviciones más esperadas de la comisión se produjo cuando tomó la palabra Iñigo Arkaute en representación de los 23 trabajadores de Heldu. En ella, Arkaute no sólo rechazó el cierre del servicio sino que acusó a la consejera Zabaleta de “difamar” a este colectivo, al que acusó de haber exigido una plaza de funcionarios. Arkaute no sólo negó estas acusaciones sino que aseguró que el colectivo de trabajadores recibía ordenes de Inmigración, por lo que “existía una conexión directa” entre Lakua y los trabajadores.