Agentes sociales y sindicatos instaron ayer al Gobierno vasco a reconocer el Servicio de Asesoramiento jurídico a inmigrantes, Heldu, en el marco de la Ley de Servicios Sociales y en la Cartera de Prestaciones Sociales «para que no dependa de los vaivenes políticos y se asuma como responsabilidad pública».

Un grupo de colectivos sociales, sindicatos y ex trabajadores de Heldu comparecieron ante la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento Vasco a petición del PNV durante más de tres horas, para dar a conocer su posición ante el nuevo modelo de gestión del servicio de asesoramiento legal a inmigrantes que pretende implantar el Departamento de Asuntos Sociales, tras el cierre del servicio jurídico Heldu.

La responsable de la coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes Harresiak Apurtuz, Franci Fonseca, consideró que la nueva forma de coordinar y gestionar los apoyos a los inmigrantes en situación irregular implantada desde julio «no es suficiente» y denunció que con el cierre de Heldu «se ha eliminado una referencia clara en materia jurídica para los inmigrantes, para el personal técnico de las entidades sociales y para el funcionariado de los municipios».

Asimismo, criticó que debido a la reordenación de subvenciones, muchos de los programas complementarios a Heldu han visto recortado su presupuesto hasta en un 80%. Fonseca dijo que la propuesta del Gobierno «carece de diagnóstico objetivo que valore los resultados de gestión del servicio Heldu» y «no concreta» su plan de acción. Una queja similar a la realizada por representantes de Cáritas Euskadi y SOS Racismo y de los sindicatos ELA y LAB, que subrayaron la «indefensión» a la que se ha condenado a las 34.000 personas que acudían a Heldu.

El Ararteko, Iñigo Lamarca, opinó que la supresión de Heldu sin haber puesto en marcha el nuevo modelo ha provocado «una situación de incertidumbre que no es positiva». En una resolución dada a conocer ayer, pide «reforzar todas las medidas puestas en marcha con carácter transitorio» con el objeto «de evitar que se resienta el nivel de atención», hasta que el nuevo modelo esté a pleno rendimiento.

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, aclaró que el servicio actual «no resta sino que suma al anterior», porque cualquier persona que se dirija a la dirección de inmigración «tiene como mínimo las mismas atenciones que antes». Explicó que el Gobierno vasco espera que el nuevo Servicio vasco de Empleo, Lanbide, pueda asumir «en el futuro» nuevas competencias transferidas o encomendadas por parte de la Administración central dirigidas a apoyar de forma «proactiva» a los inmigrantes en situación irregular.