Una resolución del Ararteko ha venido a respaldar la creciente «preocupación» que el cierre del servicio de atención a inmigrantes en situación de exclusión Heldu ha extendido entre altas instancias judiciales, partidos, sindicatos, colegios de abogados, ONG y organismos sociales de base de Euskadi. Una valoración crítica tan generalizada que sólo deja fuera al Gobierno vasco y al PSE, que, desde julio, se han revelado incapaces de trasladar a la sociedad razones convincentes para suprimir un modelo de asistencia que, desde 2002, había tramitado 34.000 solicitudes y se había convertido en referente en su ámbito. Las irregularidades subrayadas por la consejera Gemma Zabaleta en la adjudicación original del servicio a una empresa privada – ahora demandada junto al Ejecutivo autónomico por los 22 ex trabajadores – no pueden soslayar el verdadero problema: que la atención a un colectivo especialmente vulnerable se confía ahora, se supone que de modo transitorio, a un teléfono gratuito, un correo electrónico y un abogado externo; una estructura inadecuada para personas que aspiran a conseguir documentos y trabajo, a menudo sin dominio de la lengua ni posibilidades de acceso tecnológico. Resulta inevitable plantearse si es la asistencia específica o la falta de ella lo que discrimina a los extranjeros.