El Ararteko, Íñigo Lamarca, se ha sumado al coro de críticas provocado por la decisión del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de clausurar el pasado 15 de julio el servicio de orientación jurídica para inmigrantes (Heldu). Después de los pronunciamientos negativos del presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y de los ayuntamientos, así como de los partidos – excepto el PSE – , los sindicatos y las ONG, el Defensor del Pueblo vasco lamenta en una resolución conocida ayer que la consejería haya eliminado ese organismo «sin haber puesto en marcha el nuevo modelo», circunstancia que ha sembrado «incertidumbre» entre los ‘sin papeles’ y las asociaciones e instituciones que les ayudan.

Por ese motivo, Lamarca pide al departamento de Gemma Zabaleta que refuerce los medios que ha habilitado con carácter provisional para sustituir las oficinas de Heldu en las capitales vascas. Frente a una plantilla de 12 abogados y 11 administrativos, que han ido al paro, el Gobierno de Vitoria ha puesto en funcionamiento un teléfono, una dirección de correo electrónico, un abogado contratado por unos meses y un sistema de citas personales que se concertarán cuando se considere necesario. «Nos preocupan – indica el Ararteko – las quejas recibidas recientemente, como las que conciernen a las carencias que presenta la medida transitoria de atención telefónica».

El ‘ombudsman’ no fue el único que ayer cuestionó la clausura de Heldu. La coordinadora de asociaciones de inmigrantes (Harresiak Apurtuz), Cáritas, SOS Racismo, ELA y LAB comparecieron en el Parlamento vasco junto a los trabajadores del servicio (CC OO se excusó) para reiterar que el final del servicio constituye un «retroceso». «Si es que todo el mundo dice lo mismo», resumió el representante de SOS Racismo.

No obstante, el Ararteko ha ido un poco más allá. En su resolución no solo expresa su inquietud por las prisas con que el Gobierno vasco ha cerrado Heldu, cuya labor desde 2002 hasta 2010 califica de «útil» para la propia oficina del Defensor del Pueblo vasco y «referencia» para los servicios de base de la comunidad. Lamarca cree que la política de inmigración ha sufrido un cambio en Euskadi y discrepa del Ejecutivo de Patxi López sobre el lugar que deben ocupar los trabajadores extranjeros en el futuro sistema de prestaciones de la comunidad, un asunto que están negociando la Administración autónoma, las diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

Mientras el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, defiende que no hay un lugar especial para ellos en la Ley de Servicios Sociales – en cuya elaboración material participó como asesor el anterior consejero Javier Madrazo – , el Ararteko replica que los inmigrantes sí tienen una «necesidad específica» que no afecta a la población nativa y de la que dependen «la titularidad y el ejercicio de derechos». Se refiere las autorizaciones de trabajo y residencia, sin las cuales un foráneo está condenado a ser un ‘sin papeles’ y a que lo expulsen en cualquier momento. Para Lamarca, esa particularidad «justifica la puesta en marcha de una prestación técnica que atienda únicamente a la población extranjera» y la asesore para tramitar la documentación.

Permisos de trabajo

Ni Fantova ni la consejera Zabaleta comparten ese punto de vista. La segunda dejó claro el pasado lunes en el Parlamento vasco que, «bajo ningún concepto», va a aceptar un organismo especializado en asesorar a inmigrantes , ya que piensa que ese colectivo (139.000 personas empadronadas en el País Vasco) debe acudir a los mismos servicios que el resto de los ciudadanos, sean locales o los de orientación jurídica radicados en los palacios de justicia. No obstante, el Ejecutivo autónomo sí mantendrá un órgano de integración multicultural (Biltzen), que fue creado en paralelo con Heldu y cuyo perfil jurídico se reforzará ahora con abogados.

En cualquier caso, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales quiere que el grueso de la política de inmigración pivote sobre el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), un macroorganismo que arrancará cuando se transfieran a Euskadi las políticas activas de empleo y que gestionará la renta básica y la nueva prestación de alquiler aplicando un criterio básico: el que no acepte un empleo o un curso de formación no cobrará el susbsidio.

El viceconsejero Fantova ha confirmado que Lanbide orientará laboralmente a los ‘sin papeles’, pero sus metas son más ambiciosas. Ahora mismo, ese organismo se plantea pedir al Ejecutivo central que le permita, a través de una encomienda de gestión, expedir las autorizaciones de trabajo de los extranjeros, una cuestión que ya se ha debatido en Cataluña.