Bilbao. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, cargó ayer duramente contra la gestión del servicio jurídico – social para inmigrantes Heldu, al que acusó de esconder “algo ilegal” en su contratación. Sin entrar en mayores detalles acerca de estas palabras, Zabaleta señaló que una empresa que se encargue de llevar a cabo el asesoramiento jurídico de este colectivo debe reunir una serie de requisitos que la empresa encargada de gestionar Heldu – Estudios y Proyectos Jurídicos – no reunía.

Entre ellos, la consejera nombró la “experiencia”, “que tenga otros trabajos” y “que sea capaz de proveer con sus propios bienes” como el principio de esa supuesta ilegalidad a la que hacía mención. Por ello, Zabaleta incidió en la idea de que la prestación del programa Heldu no encajaba en el sistema vasco de servicios sociales ni tampoco en los “criterios de legalidad en la contratación pública”.

Tras estas afirmaciones, Zabaleta fue más allá y acusó a los 23 trabajadores de Heldu de haber reivindicado al Gobierno vasco su deseo de pasar a ser funcionarios, algo que, lamentó profundamente. “Si lo consiguen, será un ejemplo más de cómo se pasa por la puerta de atrás a ser funcionario gracias a la chapuza de la Administración”, al tiempo que agregó que “esto es lo que hemos heredado”.

Sin embargo, ahí no terminaron las acusaciones que, cuatro meses después de anunciar el cierre, la consejera vertió sobre Heldu y sus trabajadores. De hecho, Zabaleta aseguró que los empleados de Heldu han denunciado que estaban trabajando para “una empresa fantasma” y puso en entredicho la forma de gestionar el servicio por parte del anterior Gobierno. “Cuando el anterior Ejecutivo detectaba una necesidad, lo que hacía era crear una empresa cuyos trabajadores dicen que era fantasma, esa era su forma de actuar”.

Por otra parte, Zabaleta no entró a valorar, pese a la insistencia de los grupos parlamentarios, cuestiones acerca del coste que tendrá el nuevo servicio que su departamento tiene previsto poner en marcha o qué hay de los 50.000 euros que cobrará un solo abogado a finales de año para desarrollar el servicio jurídico de las personas en situación administrativa irregular. Lo que sí valoró la consejera fue la “buena acogida” que están teniendo el teléfono y la dirección de correo electrónico que su departamento implantó para coordinar y gestionar los apoyos a los inmigrantes, algo que los trabajadores de Heldu pusieron en duda. “Puedo entender la preocupación sobre el nuevo modelo, pero no admito las críticas de manera gratuita y sin compromiso alguno”, afirmó la consejera.

Pese a su comparecencia en el Parlamento vasco, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, no consiguió despejar las dudas generadas tras el cierre de Heldu, incluso en su socio de Gobierno.

La parlamentaria del PNV Nerea Antia afirmó que el Gobierno vasco ha cerrado Heldu sin poner una alternativa clara encima de la mesa y emplazó a la consejera a tomar cartas en el asunto cuanto antes, ya que “da la sensación de que hoy estamos peor que ayer”. Además, Antia denunció que se ha trasladado “mal” al colectivo de inmigrantes y al Parlamento vasco esta decisión.