BILBAO. El fraude social en Bilbao tiene protagonistas de todo tipo, inmigrantes y autóctonos, desde el calé que vende en los mercadillos hasta la mujer de un funcionario del Gobierno vasco. Estos son dos de los 1.245 casos de posibles fraudes detectados por los funcionarios municipales en los primeros seis meses de 2010.

La titular, madre de 4 hijas, era perceptora de renta por ella y una hija con la cual estaba empadronada en una vivienda de Bilbao. En realidad residía con su pareja, padre de las otras tres hijas, en otro domicilio en la localidad de Gorliz. La pareja de la mujer es un funcionario del Gobierno vasco. Se da el caso, además, de que la defraudadora trabaja con contrato desde principios de este año en una residencia de ancianos donde ya trabajó con anterioridad en 2009. Ha recibido ayudas de forma ininterrumpida desde el año 2000 hasta el pasado ejercicio. Teniendo en cuenta que no residían en el domicilio donde se les suponía empadronadas, se ha procedido a tramitar su baja en el padrón, así como la suspensión de las ayudas.

Este es uno de los casos más flagrantes que ayer dio a conocer el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, en el balance del servicio de inspección que se ha llevado a cabo en los seis primeros meses de 2010. En total, se han detectado 1.245 casos de posibles fraudes que están siendo investigados y a los que se les suspenderá o rebajará la cuantía que perciben en función de la irregularidad detectada. La cantidad defraudada viene a ser de 175.000 euros al mes, del total de 8,5 millones de euros que se destinan como ayudas a estas personas. Los motivos son de lo más variopintos.

Otro caso tramposo denunciado por una funcionaria del área es el de un matrimonio con tres hijos menores empadronados en Bilbao, en casa de los padres de uno de los cónyuges, y que en realidad residen en otro municipio de otra comunidad autónoma desde 2006. Incluso una de las menores está escolarizada en el municipio donde realmente residen. Durante este tiempo han percibido la renta de garantía de ingresos íntegra, en su cuantía máxima, que puede ser de 1.100 euros, y ayudas de emergencia social desde 2004. Además reciben asistencia sanitaria en Bilbao. No sólo eso, también poseen un vehículo – caravana y en el momento de la investigación, la casa unifamiliar del municipio donde residen estaba en venta después de haber realizado reformas y mejoras importantes. Tras la denuncia se les ha suspendido la renta y los cobros indebidos desde 2006.

Denuncia de un vecino Barkala señaló que las denuncias de los ciudadanos “están dando resultados de gran utilidad”. Los denunciantes son, casi en su totalidad, compatriotas de los denunciados (sean o no inmigrantes) y se trata de personas cercanas – familiares en muchas ocasiones – que conocen con detalle las irregularidades. A veces la denuncia llega a través de un correo electrónico. Así se descubrió el fraude de una familia perceptora de renta por tres miembros, más la cuantía de ayuda de emergencia social desde 2004 a 2009. La ayuda correspondiente a este último año fue de 2.640 euros. Falsificaban recibos de ingreso en la entidad bancaria de pago de alquiler para justificar la prestación complementaria de vivienda. Sin embargo, este pago no se llevó a cabo, y encima debían varios meses de alquiler al propietario de la vivienda.

Vendedor en el mercadillo Se trata de una familia de seis miembros, matrimonio y 4 hijos perceptores de la cuantía máxima de la renta de garantía. El hombre es propietario de dos vehículos – furgonetas adquiridas en el año 2008 y 2010. Trabaja en la venta ambulante en mercadillos todos los días de la semana con licencia para Erandio, Santurtzi, Algorta, Castro Urdiales y Bolueta. Sin embargo, esta situación no había sido comunicada a su trabajadora social de forma íntegra, así como tampoco los ingresos reales que percibe en dicha actividad. Además, el hijo mayor, de 19 años, se ha emancipado residiendo en una vivienda de alquiler junto con su pareja sentimental, abonando mensualmente la cantidad de 750 euros y manifestando que se los paga su padre. Obviamente, Barkala señaló que se ha procedido a solicitar la suspensión de la renta.

El concejal señaló que la lucha contra el fraude está siendo efectiva y apuntó que esto también tiene que ver con la colaboración entre las diferentes áreas del Ayuntamiento, y con la Diputación de Bizkaia. De hecho, desde el pasado año dos agentes de la Policía Municipal están adscritos a Acción Social para investigar el fraude.

Tenían cuatro coches Fue precisamente uno de estos agentes quien denunció a un matrimonio con cuatro hijos menores, perceptores de la renta por seis miembros y empadronados los seis. Sin embargo, en la vivienda no viven con sus padres los mayores, ambos de 17 años. La madre trabaja como empleada de hogar sin contrato y el padre en una empresa desde julio de 2009. Ha sido propietario de 4 coches, un BMW, un Volkswagen Polo Coupe, un Hyundai y un Renault Kangoo. Ahora tenía un Mercedes descapotable adquirido en 2009 y un Touareg. Los ingresos que había declarado a los servicios sociales eran de 120 euros mensuales. La resolución del área ha sido suspenderle las ayudas.

Duplicidad de identidad También han sido investigados dos casos de duplicidad de identidad. Uno es un varón que cobraba dos rentas desde dos domicilios de diferentes barrios de Bilbao y tramitados desde diferentes oficinas. Esta persona no residía en ningún domicilio sino en Guinea Ecuatorial. La otra persona es una mujer beneficiaria de dos rentas. Una de ellas como titular empadronada en un barrio de Bilbao y otra de ellas como beneficiaria de la ayuda por ser cónyuge del titular y estar empadronada en otro barrio con documentación diferente. Barkala insistió en que la mayoría de los perceptores de las ayudas no cometen fraude.