ME refiero al barullo organizado con motivo de la política del presidente francés en materia de expulsión de ocupantes de campamentos ilegales. La legislación europea en la materia está constituida por la Directiva 2004/38 del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril. El resumen de lo que establece esa norma para que los ciudadanos de la UE – es decir, los de cada uno de los Estados de la Unión – puedan residir en cualquiera de los países que no sean el suyo de origen son:

- Residencia de un máximo de tres meses: únicamente disponer de documento nacional de identidad o pasaporte válidos. (arts. 5 y 6)

- Residencia por más de tres meses: ser trabajador por cuenta ajena o propia, o bien acreditar que se dispone de recursos suficientes para sí y, en su caso, para la familia, cuyo importe se establecerá en atención a la situación personal del interesado y tendrá como tope el nivel de recursos bajo el cual el Estado de acogida puede conceder asistencia social a sus nacionales, o bien el nivel de la pensión mínima de Seguridad Social. Además, tener un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado de acogida. (arts. 7.1.b y .8.4). Por supuesto, disponer también de uno de los dos documentos indicados en el párrafo anterior.

Hay que añadir que toda denegación de entrada o residencia ha de ser justificada y acordada previo estudio detenido de las circunstancias personales del afectado. (art. 3). Dejo al margen los casos de los estudiantes, porque no afectan a la cuestión que nos ocupa.

La Instrucción IOC/K/1016329/J de 24 de junio de 2010, dirigida por los ministros franceses de Interior y de Inmigración a los prefectos (éstos equivalen a algo así como nuestros gobernadores civiles), tiene por objeto la lucha contra los campamentos ilícitos. Establece unas normas básicas literalmente coincidentes con las que, de la Directiva 2004/38, acabo de exponer, y añaden otra serie de garantías y medidas de prudencia. Ademas, tiene en cuenta que, conforme al art. 332.4.1 del Código Penal francés, un campamento ilegal con intención de habitar en él, aunque sea temporalmente, es delito. Y ello implica la necesaria intervención del juzgado para proceder. Por añadidura, la Instrucción contempla los casos de amenaza al orden público, que no puede apreciarse como de carácter colectivo, sino en forma estrictamente personal. No hay, pues, instrucción contra ningún grupo, ni se menciona en ninguna línea a los rom ni a gitanos de ninguna clase.

Visto lo anterior, hay que concluir que o bien tanto los diputados del Parlamento Europeo que votaron contra la decisión francesa, como la comisaria Reding tocan de oído – cosa, sin duda, incomprensible – o bien, en una interpretación benigna, que se equivocan, lo cual tampoco es admisible a menos que pidan disculpas, como lo ha hecho la comisaria Reding.

Se ha enfadado el Sr. Sarkozy y muchos han criticado a la comisaria aprovechando una referencia suya a hechos sucedidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa referencia me parece ciertamente un error, pero, comparada con el resto de las manifestaciones de la comisaria, expediente incluido, es una menudencia que, a la única que no favorece, es a ella. El verdadero fallo de esta comisaria consistió, en mi opinión, en que, después de desmelenarse verbalmente, anunciase un expediente a Francia. Desmelenamiento y expediente sí que son una conducta inaceptable, sobre todo si, como era razonablemente previsible, llegado el caso, el Tribunal competente hubiese dejado a la comisaria en muy mal lugar.

En ejecución de la Instrucción antedicha, el ministro francés de Interior dicta más tarde la Instrucción IOC/K/1017881/J de 5 de agosto. En ella se reitera la decisión de desalojo de los campamentos ilícitos y en tres puntos se dice que es prioritaria la de los campamentos de los roms, siempre con las mismas garantías de la Instrucción de 24 de junio.

Parece que se ha tomado esta mención expresa de los campamentos de los roms como una medida discriminatoria contra un grupo étnico concreto. Pero dar a esa mención carácter discriminatorio y conectarla con principios y valores europeos u occidentales, xenofobia y otras cosas similares, parece evidente nominalismo o, si se prefiere, tomar el rábano por las hojas. La referencia a los campamentos de los roms no puede interpretarse sin mala fe como actuación contra una etnia. Salvo fundamento serio en contrario, es elemental y razonable entender que, de los campamentos ilícitos, objeto de esas medidas, la gran mayoría son de roms. De aquí la prioridad de la acción respecto de ellos. Además, teniendo en cuenta que los campamentos ilícitos constituyen en Francia un delito, el desalojo no puede hacerse sin la intervención del juez, con arreglo a las Instrucciones ministeriales. Y ello hace una vez más patente la imprudencia de la comisaria y de los diputados europeos votantes contra la acción de Francia.

Son muchas las cosas que se han dicho respecto de este asunto y que a mí me parecen inepcias basadas en las ideologías de cada cual, pero sin la menor base fáctica real.

En un periódico se dice que el Comité contra el Racismo de la ONU condena la expulsión de los gitanos. El Papa y la Iglesia francesa, dice La Vanguardia (27.08.10, p. 7), han criticado severamente la actitud del gobierno francés hacia los roms. Pero ni la ONU, ni el Papa, ni la Iglesia francesa pueden modificar la realidad de los hechos. Y los datos no avalan que Francia haya operado por motivos étnicos.

Naturalmente, los gitanos quieren defender a quienes tienen relación con ellos. Es comprensible y legítimo. Pero lanzarse a decir que la medida es discriminatoria y racista (DEIA, 5 de septiembre, pp. 20 y 21) constituye una mala defensa, porque es una acusación falsa y, además, un tópico necio. En Francia, como en el Estado español, es indudable que hay muchos gitanos en condiciones legales, a quienes nadie ha pretendido expulsar. Por ello, decir que la medida comentada es racista, hace, en mi opinión, un flaco favor a éstos, porque puede suscitar la indignación de más de un ciudadano molesto por estas imputaciones injustas y los indignados pueden terminar por pensar que los gitanos deben ser expulsados por serlo. Lo que sería una injusticia y, además, racismo, pero racismo inducido por los irresponsables habituales en estos casos.

Se ha dicho también lo típico y tópico: que Sarkozy ha actuado por criterios electorales. Me parece de risa. Tengo ante mi vista unas hojas de La Vanguardia que dicen lo siguiente:

- Viernes 27 de agosto, p. 7: “Los católicos franceses pierden vertiginosamente la fe en Sarkozy”. El alambicado texto del periódico haca difícil obtener datos fidedignos, porque se mezcla en la noticia a los gitanos con otra serie de escándalos, pero no parecemos estar precisamente ante lo que pudiera calificarse de éxito preelectoral.

- Domingo 5 de septiembre, p. 9: “Miles de franceses denuncian la política xenófoba de Sarkozy”. Evidentemente, no sabemos cuántos ciudadanos son, ni qué peso tienen en Francia. En todo caso, si esos miles representaren un número significativo de ciudadanos, la acusación de “electoralismo” constituiría el tópico habitual, porque las medidas serían aptas para provocar el rechazo de las mayorías. Si, por el contrario, el número fuere irrisorio, significaría que hay otras mayorías mayores que no están en contra de las medidas. Y entonces, lo razonable, lo no demagógico, no es hablar de “electoralismo”, sino preguntarse y analizar por qué esas mayorías mayores están a favor de tales actuaciones.

Por todo ello, mi opinión es que el Sr. Sarklozy se está limitando a gobernar, es decir, a adoptar las medidas ajustadas a la legalidad europea y francesa que él y su gobierno estiman necesarias o convenientes para el mayor bien de Francia, sea cual fuere el resultado electoral y digan lo que digan quienes se lanzan, sin aportar nada, a denigrarlas. Qué bien estaría que también aquí el gobierno y la oposición adoptaran la misma actitud, al margen de votos, así como de ONG, sindicatos, Conferencia Episcopal y demás entes ajenos a los resultados de las urnas. ¿Has visto en la televisión, lector amigo, el atroz espectáculo de un campamento de gitanos (rumanos según se dice) a poca distancia del centro de Madrid? ¿Un campamento que es una cloaca, un riesgo de infección sanitaria para sus ocupantes y de epidemia para el resto del país, donde sus habitantes se mueven entre ratas del tamaño de un conejo? ¿Has oído a alguno de sus ocupantes manifestar que, a pesar de todo, ellos no quieren ir a otra parte, que prefieren estar allí con los suyos? ¿Crees que esta gente tiene la más mínima intención de integrarse? Esto no es ideología, ni xenofobia, ni abandono de los principios democráticos, ni demás monsergas del mismo género; esto es una lacra penosa, cuyo aparente olvido por nuestras autoridades constituye para mí la dejación más absoluta de su obligación de gobernar.