Geert Wilders, el político populista que lleva dos años cosechando beneplácitos electorales en los Países Bajos y cuyo apoyo – comprometido ya – resulta imprescindible para la formación del futuro Gobierno de centroderecha del país, se vio ayer en la incómoda tesitura de comparecer ante un tribunal, acusado de fomentar el racismo, la xenofobia y la discriminación contra los musulmanes.

Wilders ha basado su fulgurante carrera política en ideas propias de la extrema derecha: el desprecio al distinto, la denuncia de la precariedad y el desorden que se empareja con los inmigrantes marginados en las opulentos países occidentales. Su mensaje ha calado en una sociedad, la holandesa, profundamente alterada por la llegada masiva de extranjeros, buena parte de ellos de origen musulmán, que han definido nuevos modos e imágenes públicas y cuya colisión con los modos liberales de la población autóctona es constante.

Wilders ha fustigado esa situación. Con sus 47 años y su verbo fluido ha llegado a calificar al islam de «fascista». Ayer comenzaba a rendir cuentas por ello ante la Justicia. Se le acusa de incitación al odio racial, la discriminación de extranjeros no occidentales y de injurias contra los musulmanes. Arriesga un año de prisión y una multa de 7.600 euros, en una sentencia que es esperada para el 4 de noviembre. Antes, el 12 de este mes, la Fiscalía desarrollará sus acusaciones. La defensa lo hará el 19. Figuran como pruebas múltiples declaraciones de Wilders recogidas por los medios informativos entre octubre de 2006 y marzo de 2008, así como las tesis que defiende en el cortometraje ‘Fitna’, difundido por Internet.

El Partido de la Libertad (PVV) de Wilders no alcanzó a convertirse en la fuerza bisagra de los Países Bajos durante las elecciones de junio pasado, como preveía, debido a la preocupación del electorado por la crisis económica, que condicionó a última hora las intenciones de voto. A la postre, sin embargo, sus veinticuatro escaños se han revelado fundamentales para la coalición de centroderecha liderada por Mark Rutte (liberal), que era anunciada este fin de semana en Ámsterdam y que ayer cosechaba críticas entre los democristianos de la Eurocámara.