La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se quedó sola ayer en el Parlamento vasco en su defensa del cierre del servicio de asesoramiento jurídico de inmigrantes (Heldu), un organismo que decidió clausurar en julio pasado porque, según recalcó, no encaja en el actual esquema de prestaciones sociales de Euskadi y porque, en su opinión, su predecesor, Javier Madrazo, lo adjudicó en 2007 a una empresa privada sin respetar las normas de contratación de la Administración.

Todos los grupos de la Cámara, a excepción del PSE – EE, criticaron la desaparición de Heldu, que costaba un millón de euros anuales. A pesar de las prolijas explicaciones de Zabaleta – que compareció a petición propia y de EA – , incluso el PP indicó a la consejera que no había comprendido a ciencia cierta cuál será el «nuevo modelo» del Gobierno vasco para la población extranjera, un colectivo que entre 2002 y 2010 recurría a las oficinas de Heldu en las capitales vascas para regularizar su situación y recibir orientación laboral y social.

Mientras PNV, Aralar, EA y EB defendían, con mayor o menor beligerancia, la necesidad de una atención «específica» para los ‘sin papeles’, por razones jurídicas y sociales, Zabaleta replicó que, «bajo ningún concepto», va a mantener un servicio para ellos, aunque ese asunto se preste «a la demagogia». Por el contrario, ella cree que los extranjeros deben utilizar los recursos públicos de los demás ciudadanos, «sin que exista discriminación».

Evitar duplicidades

De acuerdo con su esquema, que evitaría «duplicidades», los irregulares podrán acudir a los servicios municipales de base del País Vasco, en los que trabajan quince técnicos de inmigración, repartidos en 19 municipios que abarcan el 75% de la población inmigrante. Y si tienen dudas jurídicas, los ‘sin papeles’ cuentan con las ONG y los servicios de orientación de los palacios de justicia. Por último, para la integración laboral deberán dirigirse al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), el macroorganismo que arrancará cuando Euskadi reciba las políticas activas en el ámbito laboral y que controlará los subsidios sociales a imitación del modelo alemán: el que no acepte un empleo o un curso de formación no cobrará un euro.

Los argumentos de Zabaleta no convencieron a los partidos, excepto el suyo. La oposición puso en duda de que los instrumentos habilitados temporalmente por el Ejecutivo autónomo para pasar del modelo de Heldu al de la consejera – un teléfono gratuito, un correo electrónico y citas personales si son necesarias – puedan compararse con el servicio clausurado en julio. Sin embargo, Zabaleta presentó unos datos, tomados en los meses de vacaciones veraniegas, que demostrarían que solo el 10% de las consultas de los ‘sin papeles’ requieren un encuentro cara a cara.

El PP reconoció que siempre estará de acuerdo en mejorar el uso «eficiente» de los servicios públicos, pero confesó que no «veía claro» en qué consistían los planes de Zabaleta, ya que su departamento ha contratado un abogado especializado en inmigración que cobrará 50.000 euros hasta que empiece a funcionar Lanbide. Y también va a reforzar el perfil jurídico de un organismo que se dedica a la integración cultural (Biltzen).

Zabaleta, entretanto, acusó a los 22 empleados de Heldu de querer hacerse funcionarios «por la puerta de atrás» al haber presentado una demanda laboral contra el Gobierno vasco y la empresa adjudicataria del servicio para que les reintegren en sus puestos o les paguen una indemnización.