“Denuncias, pero es como si te toparas como un muro, te incriminan, no te creen…”. La falta de recursos, la dificultad para probar ante los juzgados la violencia ejercida sobre ellas, la discriminación y la falta de protección policial en muchos casos han minado la confianza que depositaron en las instituciones cuando dieron el paso de acudir a comisaría. "Cuando veo el anuncio “saca tarjeta roja al maltratador” apago la tele", admite entre lágrimas Miren en la sede de Andrea sin ocultar su rostro salvo para los fotógrafos.

maltrato tras el divorcio

La denunciante denunciada ante un juicio por calumnias

Tiene 54 años y dos hijos mayores con los que convive. Miren denunció a su ex marido por maltrato psicológico en los dos últimos años de matrimonio, en los que la “convivencia fue terrible para mis hijos y para mí, acompañada de su adicción a la bebida”. Un hombre agresivo, autoritario, celoso y chantajista emocional con el que convivió durante 27 años y del que no se atrevió a separarse hasta el último momento. Tras solicitar el divorcio, ambas partes llegaron a un acuerdo económico que él no cumplió y “la situación de adueñarse de nuestros bienes, acoso, insultos, vejaciones, humillaciones… me llevó a un estado depresivo con cuadros de ansiedad muy fuertes que casi me cuestan la vida”. Cuando su ex marido se enteró que estaba reconstruyendo su vida con otra persona comenzó el mayor infierno. “Entraba en casa si no había nadie, pasaba la noche en la escalera, golpeaba mi puerta a altas horas de la noche, amenazaba con matarme…”, relata. Recuerda la denuncia como un momento “humillante”. Pasar por los tres cuerpos de policía, “papeles, más papeles…”, a lo que se sumaba la casa, el tratamiento médico, ver al maltratador a diario… Le concedieron una orden de alejamiento totalmente “insuficiente” al delimitar una distancia de 200 metros cuando tenía que desplazarse 400 metros de su domicilio para hacer la compra y otros servicios, condiciones en las que era “inevitable verlo”. Lo denunció hasta en cuatro ocasiones. Cuando él lo supo la llevó a un “juicio de faltas” en el que “mintió él y su testigo, fue absuelto y me quitaron la orden de alejamiento”.

Ahora (acusada de un presunto delito de coacciones y que se celebra el día 5 ) le piden 15 meses de cárcel “acusada como si fuera una criminal después de todo lo que hemos pasado mis hijos y yo”. “Cuando una mujer no tiene otra salida que denunciar a su ex marido para que la deje en paz o porque la situación es muy peligrosa no puede demostrar lo que pasa en su domicilio”, admite. “En mi caso, si yo hubiera sido una compañera extranjera posiblemente me echarían del país… Tienes que buscar pruebas, testigos que quieran ir lo cual es difícil tratándose de personas que muestran agresividad…”. Las instituciones, afirman, no investigan a vecinos, familiares, hijos mayores… Habla de testigos que no tuvieron oportunidad de declarar o grabaciones de voz con amenazas de muerte a su amigo que se quedaron en “papel mojado”. Y nunca pidió cárcel a su ex marido porque muchas veces “callamos” porque hay familia, padres, hermanos de por medio.

mujer e inmigrante

Sin recursos económicos para salir adelante

Paula, de origen peruano, tiene 26 años y dos niños pequeños. Lleva en Navarra cinco años. Denunció la primera vez en 2006, posteriormente en 2007 y 2008. Las dos primeras veces retiró la denuncia por presión de él. La tercera fue la definitiva. “Cuando la presenté me dijeron en un tono un tanto déspota si ésta también la iba a retirar. Me sentí mal, humillada. Finalmente he continuado adelante, tengo una orden de alejamiento y a él ya le han condenado dos veces, una vez por maltrato y la otra por quebrantamiento, pero aún no ha cumplido ninguna de las penas y encima no me paga la pensión de alimentos”. En su ausencia, su testimonio fue leído por la abogada María Ortega.

La indemnización ha sido de 50 euros, algo que “me parece humillante… cuando me hackeaba los correos y con esas denuncias no pasó nada”. Otra situación muy dura fue cuando él le denunció a ella por incumplir las visitas, lo que era “incierto y me tuve que sentar en el banquillo de los acusados en un juicio de faltas”. Finalmente fue absuelta. A día de hoy está luchando porque le concedan un piso de protección social en alquiler como víctima de violencia de género. El gran escollo es que le piden un aval bancario (4.700 euros) y al tener deudas de préstamos de él, que también están a su nombre, no se lo conceden, razón por la que continúa viviendo en casa de sus padres con sus hijos. “Muchas veces nos incitan a denunciar pero luego toca esperar y esperar mucho tiempo…”.

desprotección

Trato de favor al agresor, un guardia civil

Ana ha denunciado sus 20 años de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Su ex marido es guardia civil y durante muchos años ha trabajado en el Emune, el departamento encargado de los casos de maltrato. Lleva 20 meses esperando a que se investiguen las agresiones sexuales. “Tras muchos recursos lo hemos conseguido. También he denunciado escuchas telefónicas que han sido archivadas por el juzgado, primero, y luego por la Audiencia”, indicó. “Siento que como mujer me enfrento a todo. A un cuerpo policial que le protege sin duda, y también a la maquinaria judicial, que efectivamente está yendo muy despacio, sin darme protección”, reiteró. Sin embargo, la denuncia por agresión sexual sí ha sido admitida y el número de laGuardia Civil ha sido retirado del servicio.

Su ex marido siempre le dejó claro que si lo denunciaba pondría todos sus recursos, incluso amistades judiciales, en su contra. “La primera vez que denuncié creí que se me caía el alma al suelo porque mientras aún me tomaban denuncia, un policía nacional le estaba avisando de lo que sucedía”, subrayó. La segunda vez, ni siquiera lo detuvieron, tan sólo le citaron a declarar pese a que los hechos denunciados eran “muy graves”. Desde entonces su vida ha sido un calvario. “Tras denegarme la orden de alejamiento se vino a vivir al lado de mi casa, lo sorprendí en la puerta de mi trabajo apuntando la matrícula de mi coche nuevo…”. No se siente protegida ante un hombre que “va armado”. Anima a denunciar aunque, a su juicio, queda mucho por hacer, desde la propia Guardia Civil para dejar de “encubrir” estos delitos, y también desde los juzgados para que no haya “trato de favor” a ciertas personas.