J. ANTONIO VIÑAS – Barcelona
El negocio es muy simple, una persona ilegal llega del otro lado del Atlántico de la mano de una compatriota que lleva un tiempo en España. Esta la recibe y se encarga de buscarle trabajo y abogado. La colocan en casa de quien sea y le suplican al propietario del domicilio que le dé trabajo, que mientras conseguirá los papeles. Se aceptan las condiciones pactadas verbalmente y la ponen a prueba durante un tiempo. Lo hace bien, pero pasa el tiempo y los papeles no llegan. Un día, la casa deja de estar limpia, la ropa no se plancha… Se prescinde de sus servicios. Ella se marcha y, al poco tiempo, llega una denuncia por despido improcedente de una relación laboral en que la trabajadora no estaba dada de alta por carecer de documentación oficial y, en consecuencia, carecer de recibos salariales y cotizaciones a la Seguridad Social. Por contratar a una ilegal es una multa de 10.000 euros como mínimo. Se llega a una conciliación-extorsión de una cifra menor o igual a 10.000, dependiendo de la pericia de ambos abogados y de los implicados. Se cierra el asunto, y a otra casa a hacer lo mismo.

La moraleja: no se fíen, no contraten servicio doméstico sin papeles, no valen recomendaciones ni de amigos ni de conocidos, les puede salir muy caro. Hay mucha gente de aquí que busca trabajo. No contribuyan a la inmigración ilegal, a la economía sumergida y a sus mafias.