La Asamblea Nacional francesa dio ayer su visto bueno a una de las enmiendas a la nueva Ley de Inmigración que más polémica ha levantado. Se trata de una aportación personal de Nicolas Sarkozy: la retirada de la nacionalidad a aquellos ciudadanos de origen extranjero que maten a un policía o a cualquier otro representante de la autoridad.

Apenas 75 votos contra 57 fueron suficientes para añadir a la ley la transcripción de los deseos expresados a finales de julio en Grenoble por el presidente de la República, en el mismo discurso en que anunció el endurecimiento de la política de desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos. Solo 133 del total de 577 diputados ocupaban sus escaños, a pesar del tono incendiario del debate en el hemiciclo.

La izquierda califica la medida de inaceptable y cínica, y recalca que no servirá absolutamente para nada, en vista del escaso número de personas a las que puede afectar. El Partido Socialista culpa a la estrategia electoral de Sarkozy de inspirarla por su temor a perder votos en favor de la extrema derecha.

Tampoco lo ven claro una parte de los propios diputados conservadores. Los más próximos al ex primer ministro Dominique de Villepin se negaron a votar «una nacionalidad por puntos», una medida que, a su juicio, supone una forma de «exacerbar el populismo primario». Desde la tribuna de oradores, un diputado conservador de Saboya recordaba a la Asamblea Nacional que su legislación debe ajustarse a los límites de la Constitución.

Juristas, asociaciones de derechos humanos e incluso algunos miembros del Consejo Constitucional han advertido de que la retirada de la nacionalidad a quienes maten a un policía y lleven menos de 10 años con pasaporte francés vulnera el artículo 1 de la Carta Magna, el que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El Código Civil solo admite la retirada de la nacionalidad en casos de extrema gravedad, como el terrorismo.