Corresponsal

Quien atente contra la autoridad perderá la nacionalidad. La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer por un escaso margen (75 diputados contra 57) el más controvertido artículo del proyecto de ley de inmigración que el ministro del ramo, Eric Besson, viene defendiendo estos días en el hemiciclo.

Con la aplicación de esta nueva norma, la nacionalidad podría ser retirada a los extranjeros naturalizados hace menos de 10 años que asesinen a un policía o a un representante de la autoridad pública. Una medida que hasta ahora se aplicaba solamente tras una condena por delitos de terrorismo o contra la seguridad del Estado galo. «Sarko y compañía son una banda de maniaco-represivos», titulaba la noticia Le Canard Enchainé. Cuatro leyes sobre la inmigración desde 2007 son muchas, a juicio de la publicación satírica.

Primero fue el desmantelamiento polémico de los campamentos de gitanos rumanos y su repatriación; y ahora, una normativa legal que tanto la oposición de izquierda como juristas y asociaciones pro Derechos Humanos han tildado de «inaceptable», puesto que distingue entre los «franceses de nacimiento» y los «franceses de papel».