La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer, por 75 a 57 votos, la enmienda a la ley de inmigración por la cual se establece la pérdida de la nacionalidad francesa a todo aquel condenado por atentar contra la vida de una agente de la autoridad (policía, gendarme o magistrado) si hace menos de 10 años que la ha adquirido. La medida, anunciada por el presidente Nicolas Sarkozy en el discurso que pronunció a finales de julio en Grenoble sobre seguridad – el mismo donde avanzó la expulsión de los gitanos rumanos y búlgaros-,fue fuertemente contestada por la izquierda, que la consideró inconstitucional y anunció la presentación de un recurso. La iniciativa ha provocado también algunas objeciones en el propio seno de la derecha, donde varios diputados votaron en contra a título personal. La pena de la pérdida de la nacionalidad – sólo aplicable, por otra parte, a quienes tengan doble nacionalidad, ya que nadie puede quedar como apátrida-afectará a contadísimos casos y su eficacia disuasiva aparece a ojos de casi todo el mundo como absolutamente superflua. El debate, pues, se centra en la vinculación que establece entre crimen y extranjeros. / L. Uría