MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal
El expresivo golpe que Viviane Reding
dio hace dos semanas encima
del podio de la Comisión Europea
contra el Gobierno Sarkozy no se
concretó ayer en el expediente por
discriminación y violación de la libertad
de circulación que la comisaria
de Justicia prometía.
Tras un duro conflicto con el
presidente Nicolas Sarkozy por la
expulsión masiva de gitanos, la
Comisión dio un paso atrás y se limitó
a pedir a París que afine su legislación
sobre la libre circulación
de ciudadanos de la UE. En un debate
de casi dos horas en que varios
comisarios intentaron diluir
las acusaciones contra Francia, la
Comisión aceptó «tomar nota» de
las «garantías políticas» del Gobierno
galo, que asegura no persiguió
a una «minoría específica».
Reding pretendía llevar hasta el
Tribunal de Justicia de la UE la circular
del 5 de agosto delMinisterio
de Interior que ordenaba a la policía
concentrarse en desalojar a los
gitanos de los campamentos de nómadas.
El Ejecutivo retiró este texto
el 13 de septiembre, tras su revelación
en la prensa, pero hasta
ahora la comisaria argumentaba
que la anulación de la circular no
borra «sus efectos».
Pero los servicios jurídicos de la
Comisión desmintieron a Reding.
«No tenemos las evidencias legales
para ir ante el Tribunal en el casode
la discriminación. Pero decimos claramente
que las garantías dadas por
las autoridades francesas son frases
muy positivas, pero tenemos que verificar
los hechos», explicó Reding
ayer en un debate en el Europarlamento
en que varios diputados se
quejaron de la marcha atrás.
Antes del 15 de octubre, el Gobierno
de Sarkozy deberá explicar
cómo y cuándo incluirá todas las
garantías procesales para la expulsión
de ciudadanos comunitarios,
en línea con la directiva de 2004 sobre
la libre circulación que obliga,
por ejemplo, a estudiar caso por caso
o a dejar un mes de margen a
los afectados para marcharse.
La legislación francesa no asegura
que los derechos de los expulsados
sean «completamente
efectivos y transparentes», según
la Comisión, que, si sigue descontenta,
abrirá un expediente sobre
este punto, el más ligero, el día 22.
El debate entre los comisarios se
alargó porque, según fuentes comunitarias,
algunos insistían en incluir
en ese futuro expediente a
más Estados para no señalar a
Francia. El italiano Antonio Tajani,
cuyo país también ha fichado y expulsado
gitanos, incluso proponía
hacer primero un informe sobre
los Veintisiete. El presidente, José
Manuel Durão Barroso, le cortó y
recordó que «los informes nunca
han solucionado nada». Otros tres
o cuatro países, entre los que no
está España, pueden verse afectados,
aunque Reding se niega a examinarlos
para el 22 de octubre.
La comisaria cuenta con, al menos,
abrir el expediente contra
Francia por no aplicar bien la directiva
comunitaria, porque no
cree que París logre presentar a
tiempo el borrador de una legislación
y el calendario para aplicarla.
Tras la sonada discusión entre
Sarkozy y Barroso en la última
cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno, Reding incluso se negó
a pedir disculpas por haber comparado
las deportaciones de gitanos
con la II Guerra Mundial. Pero
ayer comentaba que sólo estaba
«decepcionada» con el Ejecutivo
francés, que declaró su satisfacción
por no haber sido castigado.
Reding defendió, con calma, que
el posible expediente es un paso que
«no debe ser menospreciado», aunque
los eurodiputados temen haber
perdido ya a su heroína. La liberal
italiana Sonia Alfano describió la
decisión de la Comisión como «ridícula
». El laborista ClaudeMoraes
señaló el riesgo de «dar la impresión
de que lo que ha pasado en Francia
es sólo un error administrativo».