Solo le abrirá expediente si en 15 días no adapta su legislación a una directiva sobre libre circulación de europeos

El Ejecutivo comunitario da por bueno el argumento de Sarkozy de que las deportaciones fueron justas y legales

Solo le abrirá expediente si en 15 días no adapta su legislación a una directiva sobre libre circulación de europeos

Quizá las expulsiones en masa de familias enteras de gitanos rumanos y búlgaros se parecían demasiado a las deportaciones de judíos en la Alemania nazi. Quizá no había pasado algo así en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y tal vez había un trasfondo racista y xenófobo en la orden que dio el Gobierno francés a los prefectos de policía para que desmantelaran los campamentos ilegales de romaníes, pocos días después de que medio centenar de ciudadanos de esa etnia asaltaran una comisaría en una pequeña localidad gala.

Quizá la Comisión Europea sospechaba todo eso, pero lo cierto es que no lo investigará nunca, porque el Ejecutivo comunitario ha renunciado expresamente a expedientar a Francia por discriminar a los afectados y expulsarlos de su territorio bajo la única premisa de su condición racial y nacional.

La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, informó ayer de que el Colegio de Comisarios había decidido limitarse a amenazar a Francia con un expediente si no adapta su legislación a la directiva europea del 2004, que garantiza la libre circulación de ciudadanos de la UE y que rige sobre el procedimiento de expulsión de estos.

Bruselas abrirá ese caso en octubre si Francia no cumple su obligación, pero ya no hay mención alguna a la discriminación racial, el argumento que había defendido la vicepresidenta Viviane Reding, encargada de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, y que provocó la ira del Gobierno francés y del presidente Nicolas Sarkozy.

Componenda

La propia Reding explicó ayer la decisión a través de una televisión francesa, con un aplomo que no podía disimular del todo su disgusto. La discusión en el Colegio de Comisarios se demoró varias horas, lo que hace pensar que la solución final no es sino una equidistante componenda legal entre los partidarios de actuar con firmeza contra Francia, y quienes, por contra, creen que Reding se excedió en sus amenazas.

Por un lado, el acuerdo permite a la Comisión salvar sus muebles enarbolando el prometido expediente cuando su apertura, sin embargo, ni siquiera está garantizada. Del otro, elimina de la causa los elementos que más molestaban a Sarkozy, y diluye el debate porque lo extiende a la situación de los gitanos en toda la UE. Así figura en el comunicado que facilitó ayer la Comisión para explicar su postura, en el que afirma que procederá a a expedientar a cualquier otro país que no haya traspuesto la directiva del 2004.

En ese comunicado, que obvia el hecho de que el 95% de los rumanos expulsados este año de Francia eran gitanos, la Comisión acepta las garantías ofrecidas por París «al más alto nivel político» sobre la legalidad y justicia de las medidas adoptadas en los últimos meses contra los romaníes, sobre la anulación de la circular del 5 de agosto a los prefectos que ordenaba centrar en los romaníes las deportaciones, y sobre la promesa de que el Gobierno garantiza «una aplicación eficaz y no discriminatoria de la legislación de la UE en consonancia con los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales».