La belicosidad de la Comisión Europea contra Francia a cuenta de las expulsiones de gitanos mengua a marchas forzadas. Tras la espectacular toma de posición de la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, del pasado día 14, y la tormenta de declaraciones y contradeclaraciones que le siguió, ayer era la fecha en la que el Ejecutivo de los Veintisiete debía pronunciarse sobre la apertura de un procedimiento de infracción contra París, por presunto incumplimiento de las disposiciones correspondientes en el trato dado a ciudadanos de la Unión.

No hubo tal sino una conminación – una más – a las autoridades galas para que transponga al ordenamiento nacional las disposiciones existentes sobre libre circulación de ciudadanos europeos. Francia deberá presentar a Bruselas, antes del 15 de octubre, indicaciones precisas sobre la manera y los plazos en que tienen previsto incluir la directiva en cuestión, que data de 2004, en el ordenamiento jurídico nacional.

En caso contrario, la Comisión instruirá procedimiento de infracción, remitiendo a París la oportuna carta de emplazamiento que constituye la primera fase del procedimiento administrativo. Le seguirían, en ese caso, el dictamen motivado y el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los plazos para el tránsito de una a otra fase del procedimiento no están regulados.

Tal y como Bruselas planteaba ayer la cuestión, el problema de las expulsiones de gitanos de territorio francés deja de ser exclusivamente galo y se extiende a otros estados miembros que tampoco han traspuesto la directiva de 2004. El ‘leitmotiv’ de Sarkozy y los gitanos, que tanto atraía a los opositores al controvertido presidente galo, se diluye por ello en una problemática de alcance comunitario y perfiles difusos.

Nada que ver con lo que las manifestaciones de Viviane Reding daban a entender, y que anticipaban un procedimiento de infracción con carácter casi irreversible por incumplimiento de la obligación de trasponer la directiva 2004/38 sobre libre circulación de ciudadanos europeos por la UE, y – segunda materia de la infracción – aplicación discriminatoria de esa directiva, en expreso perjuicio de una minoría étnica (la de los gitanos). París aseguraba ayer que desde mayo, y en sus contactos con la Comisión para tratar el tema, ha dado información precisa sobre sus planes en ese apartado.

Satisfacción gala

En una intervención ante la Eurocámara, ayer por la tarde, la comisaria Reding se defendió de acusaciones de marcha atrás en su determinación de castigar a Francia por las expulsiones de gitanos, afirmando que el expediente no estaba cerrado. En París, sin embargo, la satisfacción gubernamental era evidente. El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, declaraba ante la Asamblea la disposición del Gabinete por «trascender a la polémica y pasar a una fase de hechos», en la que Francia presentará a la UE «una estrategia europea de inserción de los gitanos en sus países de origen».

Más rotundo se mostró el titular de Inmigración, Eric Besson, quien aseguró que Francia sale «con la cabeza alta» del análisis llevado a cabo por la Comisión. «Ha constatado que no hubo discriminación en el desmantelamiento de los campamentos ilegales ni en la expulsión», aseguró en una comparecencia parlamentaria.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores galo emitió una nota en la que se comprometió a enviar la documentación complementaria reclamada sobre la aplicación del derecho comunitario en Francia en agosto pasado, en particular en lo que se refiere a las medidas de expulsión de ciudadanos europeos. Asimismo, desde el Quai d’Orsay se congratulaban por el hecho de que no se abriera un expediente finalmente y vio en ello el reflejo de que la justificación aportada por París mostraba que sus medidas no perseguían a ninguna minoría específica.