Donostia. Tres meses después de que el Gobierno Vasco echara la persiana al servicio de atención jurídico-social a personas inmigrantes, Heldu, las aguas no han vuelto ni mucho menos a su cauce. SOS Racismo mostró ayer su “preocupación” porque el Ejecutivo vasco “está relativizando en exceso” la atención a las personas extranjeras. En otras palabras, censura que se esté manejando un modelo de trabajo “demasiado simplista” para abordar la “complejidad” que anida en este tipo de intervenciones.

La consejería de Empleo y Asuntos Sociales ha elaborado un documento de debate como antesala a la aprobación del nuevo modelo que tiene previsto implantar a partir de enero, un giro criticado por entidades sociales como la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, Harresiak Apurtuz. Está previsto que la consejera explique en octubre cómo se atenderá a los indocumentados a partir de enero.

A grandes rasgos, la diferencia con el trabajo que ofrecía Heldu que no ha dejado de cosechar parabienes de diferentes sectores estriba en un punto: Lakua no quiere crear servicios específicos para la población inmigrante. Así, la atención jurídica a partir de ahora quedará diluida entre todos los agentes que intervienen en el proceso de integración de una persona extranjera que recala en Euskadi, desde los servicios sociales de cada ayuntamiento a Lanbide pasando por la propia Dirección de Inmigración.

En definitiva, “se corta de raíz con la atención directa a estas personas”, un modelo de atención en las antípodas del seguimiento que hacía Heldu, que acompañaba la apertura de cada expediente con un pormenorizado seguimiento de cada usuario hasta concluir el proceso de inserción.

Periodo de reflexión Así, el servicio de atención específico deja de tener razón de ser a ojos del Gobierno Vasco. La consejera Gemma Zabaleta anunció en julio su intención de no renovar el servicio Heldu, creado hace dos legislaturas por el anterior titular de Asuntos Sociales, Javier Madrazo (EB-IU).

Los llamamientos a que se abra un periodo de reflexión hasta la llegada del III Plan Vasco de Inmigración, manteniendo mientras tanto el programa, han caído en saco roto, a pesar de las iniciativas registradas por diferentes partidos políticos en esa dirección.

Tras el cierre, que se produjo de manera tan apresurada como repentina, se puso en marcha un teléfono gratuito y de atención de cita previa (900 840 126) y una dirección de correo dirigida a los usuarios, con el fin de evitar mayores consecuencias con los miles de expedientes sin resolver que se quedaban sobre la mesa.

Buena muestra de que las consultas que realiza una persona en situación irregular no pueden resolverse vía e-mail es el nuevo paso que acaba de dar el Gobierno Vasco, al contratar la semana pasada de forma provisional a un abogado para colaborar con la Dirección de Inmigración. El letrado percibirá nada menos que 49.560 euros en el trimestre que resta para que concluya el año. “El Ejecutivo optó por eliminar un servicio que funcionaba con una serie de letrados, pero ahora se están viendo en la necesidad de contratar nuevos abogados. El nuevo modelo del que tanto hablan, al final está cayendo en las mismas estructuras que tenía Heldu”, censuraba ayer el abogado Mikel Mazkiaran, uno de los 23 trabajadores que conformaban la plantilla del servicio extinguido.

Entretanto, Zabaleta sostiene que el coste cercano al millón de euros anual necesario para mantener Heldu era excesivo, y suponía duplicar funciones con otras entidades que trabajan en el sector. El Gobierno Vasco insiste en que las decisiones que viene tomando en torno a la reorganización de los servicios sociales se están llevando a cabo “desde la responsabilidad”, algo que no parece convencer a casi nadie.

De hecho, llaman la atención los diferentes movimientos registrados entre los partidos de todo el arco parlamentario, a excepción del PSE-EE, que se han producido tras la medida adoptada por el Ejecutivo. Entre otras solicitudes, los partidos PNV, EA, EB y Aralar han registrado una iniciativa en la Cámara vasca para que Zabaleta dé marcha atrás y vuelva a habilitar el servicio de asesoramiento socio-jurídico. UPyD, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo vasco a que ofrezca explicaciones sobre el nuevo modelo que piensa implantar, al tiempo que el PP ha presentado una enmienda en la que pone el acento en el reconocimiento de los trabajadores que formaban parte de Heldu.

Los acuerdos en el ámbito institucional no acaban ahí. La semana pasada el Ayuntamiento de Bilbao solicitó en pleno el restablecimiento del servicio, un pronunciamiento aprobado en la misma dirección por las Juntas Generales de Bizkaia.