Internacional

La «ley de Sarkozy» para poder deportar llega a la Asamblea

Dará celeridad a las expulsiones de extranjeros en «situación irregular»

ABC, JUAN PEDRO QUIÑONERO | JUAN PEDRO QUIÑONERO / CORRESPONSAL EN PARÍS, 29-09-2010

Ayer comenzó en la Asamblea Nacional (AN) la discusión del nuevo proyecto de Ley sobre la inmigración, que permitirá quitar la nacionalidad francesa a los autores del asesinato de una autoridad pública y tipificará nuevos delitos para consumar con mayor celeridad la expulsión de extranjeros en situación irregular, ciudadanos, o no, de países miembros de la Unión Europea.

La nueva ley, presentada por el ministro Luc Besson —nacido él mismo en Marruecos, que ha contraído matrimonio, en segundas nupcias, con una estudiante tunecina, Yasmina Tordjman, biznieta del legendario Habib Bourguiba— tendrá 82 artículos, sobre los cuales se han presentado 472 enmiendas, que anuncian debates muy vivos.
La nueva Ley Besson, la quinta en siete años, en materia de seguridad e inmigración, es la «guinda» judicial de la nueva política de seguridad interior, cuyos principios fueron resumidos por Nicolas Sarkozy en su ya famoso discurso de Grenoble, del 30 de julio último.
La futura ley prevé seis grandes campos de acción: privación de la nacionalidad a asesinos de origen extranjero; expulsión de los extranjeros de países miembros de la UE; nueva regulación de los procedimientos jurídicos de expulsión; nuevas directivas en materia de «retorno» de inmigrantes; limitación de los derechos de los extranjeros enfermos; multas y penas severas para los matrimonios «grises».
Finalmente, la poligamia no permitirá privar de la nacionalidad francesa a quienes la practiquen. Por el contrario, los franceses nacionalizados en los últimos diez años podrán ser privados de la nacionalidad por haber asesinado a un un policía, un gendarme, «o cualquier persona depositaria de la autoridad pública».
Dos jueces para expulsar
Se tipifican nuevos delitos que permitirán expulsar a los extranjeros en situación irregular, si no tienen trabajo o ingresos reconocidos, por estas razones: «abuso de una residencia temporal de tres meses, para regresar una y otra vez, con el fin de mantenerse en el territorio nacional»; «cuando constituyan una carga poco razonable para la asistencia social».
Dos jueces deberán intervenir, antes de consumarse las expulsiones: un juez administrativo, que velará por el respeto de la ley; y un juez que velará por el respeto de las libertades y condiciones de detención.
Uniones de conveniencia
Doce artículos estarán consagrados a regularizar en el sistema judicial francés las directivas europeas en materia de expulsión de extranjeros en situación irregular, nacidos fuera de la UE.
La entrada de extranjeros enfermos quedará muy limitada: solo tendrán permiso de residencia si los tratamientos médicos necesarios no pueden efectuarse en sus países de origen.
Eric Besson ha calificado de matrimonio «gris» aquellas uniones, entre un(a) francés(a) y un(a) extranjero(a), en detrimento de la primera, víctima de «una estafa con fines migratorios…». Delitos de compleja prueba jurídica, que podrán ser castigados con siete años de cárcel y hasta 30.000 euros de multa.
Ayer comenzó en la Asamblea Nacional (AN) la discusión del nuevo proyecto de Ley sobre la inmigración, que permitirá quitar la nacionalidad francesa a los autores del asesinato de una autoridad pública y tipificará nuevos delitos para consumar con mayor celeridad la expulsión de extranjeros en situación irregular, ciudadanos, o no, de países miembros de la Unión Europea.
La nueva ley, presentada por el ministro Luc Besson —nacido él mismo en Marruecos, que ha contraído matrimonio, en segundas nupcias, con una estudiante tunecina, Yasmina Tordjman, biznieta del legendario Habib Bourguiba— tendrá 82 artículos, sobre los cuales se han presentado 472 enmiendas, que anuncian debates muy vivos.
La nueva Ley Besson, la quinta en siete años, en materia de seguridad e inmigración, es la «guinda» judicial de la nueva política de seguridad interior, cuyos principios fueron resumidos por Nicolas Sarkozy en su ya famoso discurso de Grenoble, del 30 de julio último.
La futura ley prevé seis grandes campos de acción: privación de la nacionalidad a asesinos de origen extranjero; expulsión de los extranjeros de países miembros de la UE; nueva regulación de los procedimientos jurídicos de expulsión; nuevas directivas en materia de «retorno» de inmigrantes; limitación de los derechos de los extranjeros enfermos; multas y penas severas para los matrimonios «grises».
Finalmente, la poligamia no permitirá privar de la nacionalidad francesa a quienes la practiquen. Por el contrario, los franceses nacionalizados en los últimos diez años podrán ser privados de la nacionalidad por haber asesinado a un un policía, un gendarme, «o cualquier persona depositaria de la autoridad pública».
Dos jueces para expulsar
Se tipifican nuevos delitos que permitirán expulsar a los extranjeros en situación irregular, si no tienen trabajo o ingresos reconocidos, por estas razones: «abuso de una residencia temporal de tres meses, para regresar una y otra vez, con el fin de mantenerse en el territorio nacional»; «cuando constituyan una carga poco razonable para la asistencia social».
Dos jueces deberán intervenir, antes de consumarse las expulsiones: un juez administrativo, que velará por el respeto de la ley; y un juez que velará por el respeto de las libertades y condiciones de detención.
Uniones de conveniencia
Doce artículos estarán consagrados a regularizar en el sistema judicial francés las directivas europeas en materia de expulsión de extranjeros en situación irregular, nacidos fuera de la UE.
La entrada de extranjeros enfermos quedará muy limitada: solo tendrán permiso de residencia si los tratamientos médicos necesarios no pueden efectuarse en sus países de origen.
Eric Besson ha calificado de matrimonio «gris» aquellas uniones, entre un(a) francés(a) y un(a) extranjero(a), en detrimento de la primera, víctima de «una estafa con fines migratorios…». Delitos de compleja prueba jurídica, que podrán ser castigados con siete años de cárcel y hasta 30.000 euros de multa.

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