Leyes y procedimientos

El Correo, MARÍA TERESA BAZO, 27-09-2010

El desmantelamiento de campamentos y expulsión de ciudadanos rumanos de etnia gitana en Francia ha puesto sobre el tapete la existencia de problemas en los países de la Unión Europea que se hace preciso afrontar. Francia, como España y otros países europeos, tiene muchos ciudadanos gitanos asentados en sus pueblos y ciudades desde hace años y siglos. Por los prejuicios que sobre ellos han existido siempre, y por las características culturales ancestrales en los componentes de esa etnia sucede que, en muchos casos, se trata de personas y familias que viven en los márgenes de la sociedad, como otros grupos sociales. Muchos de ellos, sin embargo, al compás de los procesos de modernización producidos en sus respectivos países, que han afectado a la economía, la educación, y los valores de la población en general, son ciudadanos que viven y actúan como la media general del país, aunque pueden ser necesarias políticas específicas que garanticen su acceso efectivo a la dignidad material y simbólica como cualquier otro grupo.

En la Unión Europea existe libertad de circulación, pero dicha libertad no es absoluta, tiene sus límites según se estipula en la normativa comunitaria. Se puede uno trasladar a otro país siendo una persona jubilada que demuestra que tiene medios económicos y seguro sanitario para hacer frente a las contingencias que pueden surgir en su vida. Y así ocurre. Siendo una persona en edad de trabajar se puede trasladar a otro país en busca de empleo. Si se desea permanecer en ese país más de tres meses se debe tener o encontrar un trabajo en ese tiempo, o acreditar medios suficientes para la subsistencia. En caso de que eso no ocurra, ninguna ley europea obliga a ese país a mantener en su suelo a un ciudadano comunitario sin trabajo y sin recursos, con las excepciones que puedan derivarse del arraigo efectivo de la persona en cuestión en el país de destino.

Cada país busca la manera de hacer frente al problema de personas que se encuentran en situación irregular. En el caso de España ha habido numerosas denuncias entre miembros de las fuerzas del orden sobre las órdenes recibidas, parece que no precisamente por escrito, para llevar a cabo detenciones y expulsiones de ciudadanos que se encontraban en situación ilegal en el país. Se ha denunciado también por diversas ONG e instituciones cómo entraba la policía en comedores sociales, o se detenía a personas a las puertas de los colegios.

Pero Francia o sus gobernantes han actuado de otra manera, y no creo que tanto por ignorancia de los procedimientos cuanto quizá por prepotencia. Los expertos explican que no se puede promulgar una orden para expulsar a un grupo determinado de un país en razón de una característica común a ese grupo, aun cuando todos sus miembros fueran individualmente expulsables, porque es una práctica discriminatoria contraria a normas bien establecidas en Derecho internacional y europeo. Por otra parte, la controvertida medida se dirige contra ciudadanos europeos, que gozan de un estatus privilegiado en relación con otras categorías de extranjeros que impone a los Estados miembros la obligación de demostrar que su presencia en su territorio o bien no se ajusta a los requisitos exigibles, o bien entra en las excepciones exhaustivamente establecidas por la normativa europea. Francia podía haber hecho primero un censo de las personas que se encontraban en los campamentos, para a continuación dictar una orden de expulsión a cada una de las personas componentes del campamento justificando la causa o causas de tal decisión, como puede ser el no reunir alguno de los requisitos exigibles para disfrutar del derecho de residencia. Eso sería legal, esa práctica sería la adecuada, y nadie podría haber objetado nada al respecto siempre que se observara el procedimiento establecido tanto en la forma como en el fondo. Sin embargo, Francia parece optar por expulsiones colectivas. Es probable que actuando según la legalidad habría podido expulsar, si no a todos, a muchos; el resultado habría sido el mismo, pero nadie podría haber objetado nada. Las formas, los procedimientos, son importantes y hay que ajustarse a ellos, pero la hipocresía destilada estos días impide reconocer el fondo de los problemas.

El problema de los prejuicios contra los gitanos y su discriminación en Europa vienen de lejos. En la mayor parte de los países económicamente más desarrollados han ido conformando grupos que se dedican a diversos oficios (estañador en otras épocas o vendedor de mercadillos en la actualidad) y cada vez más personas, aunque quizá no con la celeridad que se desearía, estudian y desarrollan distintas profesiones. También las mujeres, lo cual es fundamental. Las viejas costumbres, y sus propios prejuicios sobre las mujeres, el matrimonio y la familia son una rémora sin duda. Pero el problema serio tiene lugar en países que están poco modernizados en lo económico y sólo son recientemente democráticos, y en los que además los gitanos representan una proporción alta de la población, países en los que han sufrido y sufren discriminación y unas condiciones de vida todavía por debajo de la media del país. La Unión Europea ha concedido fondos para hacer frente a esas situaciones, pero sin duda los gitanos no mejorarán su situación hasta que el país no lo haga, y también hasta que desde el punto de vista político se alcance una mejor calidad democrática, de modo que no sean maltratados por las propias instituciones de sus países, ni despreciados (y temidos) muchas veces por sus conciudadanos. Sin duda, ellos tendrán que poner de su parte.

El Gobierno francés se merece una reconvención sin duda, pero el meollo de la cuestión es que en el proyecto de mercado único que está en el origen mismo de la Unión Europea existen grandes desigualdades entre países, que no son sólo económicas – que sobre todo lo son – sino también culturales, políticas y sociales. No sé a cuántas velocidades habrá que funcionar en lo económico, pero en el resto de aspectos quizá tengan que ser varias. Parece que, como en muchos otros asuntos, se precisa menos demagogia y mejor comprensión de los problemas para así tratar de buscar soluciones.

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